La bandera republicana y la ley

La Justicia ordenó ayer la retirada de la bandera republicana que el alcalde de Cádiz, José María González, había ordenado izar en el balcón del Ayuntamiento, contraviniendo la legislación vigente. No se hizo lo mismo en la ciudad de Valencia –capital efímera de la República entre 1936 y 1937, ya que allí se refugió el Gobierno que huyó de Madrid cuando la mayoría de los ministros creyeron que era imposible defender la capital de España del ataque rebelde– porque su primer edil, Joan Ribó, buscó una componenda y se limitó a colocar una pancarta conmemorativa con los colores republicanos. Por un lado, nos encontramos ante una cuestión de pura legalidad, ya que el uso de la enseña nacional está regulado en la Constitución, que todos los funcionarios públicos deberían conocer y respetar, y, por otro, ante una actuación política partidista, nada inocua, que cuestiona la monarquía constitucional, que ha traído el mayor periodo de libertad y progreso a España en un siglo, y que busca la identificación del Estado y su única legitimación con un modelo republicano de izquierdas, devenido en arcadia mítica. La democracia, sin embargo, no se sustenta sólo en el voto, sino en el respeto a las leyes, que emanan de la soberanía nacional.