La confusa reforma federal de Pedro Sánchez

El PSOE ha comprendido que su propuesta de reforma constitucional en sentido federal no se podrá llevar a cabo. De momento, la ha retirado del «Programa para un Gobierno progresista y reformista», que hizo público ayer como base de negociación para buscar apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. En una primera versión, y dentro de las funciones de una «subcomisión para la reforma constitucional», se habla de «revisión del Título VIII y los preceptos conexos». Si de por sí es ambiguo el mandato, lo es mucho más el de «desarrollar concepto de Estado, si quiera mínimamente». Además de impreciso, no tiene el menor rigor jurídico. Finalmente, los dirigentes socialistas han decido retirar esta última frase, lo que no ha restado confusión a la propuesta, pues no se trataría tanto de definir un «concepto», sobradamente estudiado, sino cómo hacer compatible las llamadas «identidades diferenciadas» con un proyecto común donde se compartan derechos básicos y haya un cooperación efectiva entre territorios. Es decir, no se trata tanto de una cuestión técnica, sino política. Sánchez ha comprendido que no puede seguir insinuándose ante Podemos aceptando su propuesta de referéndum para Cataluña –y otras comunidades que también lo exigen ahora– porque es una quimera que Pablo Iglesias esgrime con el único objetivo de coser las alianzas en su propio partido. El hecho central es que una reforma constitucional necesita de una mayoría (dos tercios del Congreso y la aprobación del Senado) que sólo puede darle el PP. Y aunque matemáticamente fuese posible, estaríamos hablando de una Constitución fracasada si no se cuenta con los populares. La rectificación del PSOE no es menor: reconoce sus limitaciones y el alcance real de sus pactos para conseguir el gobierno. Si ha habido una cuestión que haya definido la política territorial del PSOE es su apuesta por el federalismo. De manera reciente, así lo ha puesto encima de la mesa desde que, a primeros de julio de 2013, se sellara la llamada «Declaración de Granada», en la que su Consejo Territorial, presidido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobó un verdadero giro federalista con el objetivo de «reformar el Estado autonómico para salvarlo», dijeron entonces, con el ojo puesto en la crisis abierta por el desafío independentista en Cataluña. En aquel momento, el debate se situó dentro de la propia familia socialista y, en concreto, en que Cataluña fuera reconocida como nación, siguiendo la propuesta del PSC, cuando esa denominación perdía toda su validez jurídica en el preámbulo del Estatuto, tal y como fue fijado por el Constitucional. Todavía no está claro que los socialistas catalanes se ciñan a un criterio federalista igualitario. Dos años más tarde, en julio de 2015, el PSOE presentaba a un grupo de expertos que iba a elaborar un proyecto de reforma de la Constitución con el objeto de transformar el Estado autonómico en federal. Queremos pensar que fruto de aquellos trabajos fue el documento «Por un nuevo pacto de convivencia», de octubre del año pasado, donde se habla de «reconocer las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones». Por lo tanto, el tema central de la reforma federal que propone el PSOE pasa en primer lugar por que ellos mismos clarifiquen su posición: cómo hacer compatible autogobierno y cogobierno. Pedro Sánchez debería ser más riguroso y no jugar con algo tan serio como el futuro de la organización territorial de España.