La corrupción devora el «procés»

La declaración de ayer de Fèlix Millet en el juicio del «caso Palau» va a suponer un antes y un después en la historia de CDC, el partido que gobernó en Cataluña durante 23 años ininterrumpidos de la mano de Jordi Pujol, su fundador y patriarca del nacionalismo, y seis años más con Artur Mas, más uno con una coalición de conveniencias a punto de resquebrajarse. Millet, que fue presidente del Palau de la Música, ha admitido que CDC recibió dinero de constructoras, a través de la mediación del teatro, a cambio de adjudicarles obra pública. Esta declaración avala la investigación judicial sobre la financiación ilegal de Convergència, a través de un sistema conocido como el «3%», que ha pasado a ser el símbolo del entramado político-financiero del partido, de su poder y de los silencios tejidos a su alrededor, pero que, según avanza el proceso, se está revelando como un método de recaudación millonario, incluso más de lo que se esperaba. Millet no tuvo reparos en detallar cómo funcionaba el sistema: el total del «impuesto» era del 4%, de los que un 2,5% iban para CDC, el 1% para él y el 0,5% restante a su mano derecha, Jordi Montull. El propio presidente del Palau entregaba personalmente el dinero al entonces tesorero del partido y, tras su fallecimiento, fue Montull quien se lo daba a su sucesor, Daniel Osácar, que está también procesado. La entrega podría hacerse también a través de facturas falsas o donaciones a la fundación Trías Fargas. Es decir, hablamos de un sistema muy perfeccionado. Se entiende ahora que, dada la situación, la defensa del partido nacionalista haya renunciado a 36 testigos, todos ellos altos cargos de la Generalitat, en su mayoría del último gobierno de Pujol, y miembros de las mesas de contratación de las obras que debían explicar el paradero de 6,6 millones de euros en concepto de comisiones. Muy revelador para comprender el espíritu depredador de los dirigentes del Palau son las comisiones que Millet reconoció que recibía y empleó en gastos privados y otros ostentosos usos que ni siquiera escondía, lo que sitúa este caso de corrupción en un paradigma de la complicidad o desidia de las administraciones representadas en el patronato de esta ilustre institución, baluarte del catalanismo. Con el reconocimiento de buena parte de las acusaciones de la Fiscalía, está claro que Millet ha señalado directamente a los dirigentes de CDC, que deben dar explicaciones de manera inmediata de su papel en este entramado. Ya no vale la transmutación de la vieja Convergència en un nuevo partido, el PDeCAT, para ocultar sus responsabilidades y borrar las huellas de un pasado que ahora resulta vergonzoso. Ni tampoco vale echar mano de un victimismo que, conocida la impunidad con la que se ha saqueado el Palau –estamos hablando de más de 22 millones desaparecidos–, sería esperpéntico, acusando, cómo no, al Estado de orquestar una campaña contra el independentismo del que ellos, precisamente ahora, se han convertido en sus líderes más irredentos. De nada sirve decir que les «repugna» la corrupción, si al frente del mayor desafío al Estado de Derecho que vive Cataluña está quien fuera el líder de CDC, Artur Mas. El ex presidente está en el punto de mira y desde la oposición se ha pedido ya su comparecencia en el Parlament. El ciclo político de CDC acabó cuando Mas llevó al partido que le legó Pujol –también bajo la sombra de la corrupción familiar– a la ruina, pero las revelaciones del «caso Palau» hacen insostenible que Mas y los dirigentes de Convergència persistan en su intento de conducir a Cataluña a un enfrentamiento directo contra el Estado, sin importarles las consecuencias en la convivencia civil, sólo defendiendo los intereses más oscuros de un partido acosado por la corrupción.