La Generalitat, responsable de la seguridad del AVE en Cataluña

Debería extremar la prudencia el consejero en funciones de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, antes de lanzar acusaciones contra los gestores de la red de alta velocidad –Renfe y Adif– que lejos de buscar «una huida hacia adelante», como dijo el consejero, llevan meses reclamando a las autoridades autonómicas catalanas, –que tienen transferida la competencia de la seguridad ciudadana–, mayor vigilancia y efectividad contra las bandas dedicadas al robo de cables de alimentación eléctrica y redes de señalización ferroviaria que, en Cataluña, supone el 50 por ciento de todo el cobre que se roba en España. Hasta tres cartas oficiales –una de ellas dirigida al propio Santi Vila– ha remitido el presidente de Adif, Gonzalo Ferré, a la Generalitat, denunciando la situación de impunidad y el riesgo para la seguridad que supone la actuación de estos delincuentes y de quienes actúan de receptadores del cobre sustraído. Sin dudar de la dedicación y abnegación de los Moxos de Escuadra en el servicio a los ciudadanos, los hechos demuestran, cuando menos, una deficiente gestión política de la seguridad pública directamente atribuible a la Generalitat. Y no es cuestión de excusarse en la falta de instrumentos jurídicos para luchar contra esta plaga, ya que está en vigor desde el pasado mes de julio la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha modificado los artículos 234 y 235 para endurecer el reproche penal para los robos de «conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general». La Generalitat, pues, no puede considerarse un mero espectador ajeno ante la grave alteración sufrida ayer por la línea del AVE Madrid-frontera francesa, que afectó a un total de 40 trenes y a más de 13.000 viajeros, independientemente de la etiología del delito, que está sujeta a investigación. En efecto, se trate de un sabotaje intencionado, de un acto vandálico o de las consecuencias de un intento de robo, no es de recibo que se intente culpabilizar a la víctima, en este caso Renfe, como ha hecho el consejero Santi Vila, sin reparar en las responsabilidades propias. Como estaba previsto, los sistemas de seguridad del AVE funcionaron correctamente, deteniendo los convoyes y evitando riesgos para los pasajeros. Igualmente, los servicios técnicos consiguieron reparar la fibra óptica dañada y reponer las tomas de tierra de cobre sustraídas en un tiempo récord. Pero lo cierto, es que, una vez más, los autores actuaron a la luz del día, abriendo un boquete en la valla protectora, y consiguieron huir sin mayores impedimentos. En lugar de echar balones fuera y trasladar la responsabilidad a terceros, que es una costumbre que se ha extendido notablemente durante estos años de desafío separatista entre los representantes de la Generalitat de Cataluña, los ciudadanos quedarían mucho mejor servidos si se pusieran en marcha, como se ha hecho en otras autonomías, planes de colaboración entre las empresas prestadoras de los servicios de transporte ferroviario y de suministro de electricidad y los Mozos de Escuadra. Y si la Consejería de Interior catalana tuviera que solicitar la ayuda de otras Fuerzas de Seguridad del Estado, no sólo estaría en su derecho, sino, también, en su obligación.