La justicia pone coto a la sedición

Nadie entre los impulsores del golpe antidemocrático en Cataluña puede llamarse a engaño y pretextar que no había sido advertido de las inevitables consecuencias de sus actos. Fue, incluso, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien exhortó a los representantes de la Generalitat a no menospreciar la fuerza de un Estado de Derecho, como es la democracia española, cuando se ven amenazadas la Ley y las libertades. Ayer, tras una investigación sumaria de los hechos sucedidos el pasado miércoles en Barcelona durante la intervención de la Guardia Civil en la sede de la Consejería de Economía y, asimismo, durante la actuación de la Policía Nacional en la sede de las CUP, la Fiscalía presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia por delito de sedición contra los participantes, organizadores e instigadores de las algaradas tumultuarias que trataron de impedir el cumplimiento de una orden judicial. Era cuestión de tiempo que la Justicia, independiente, tradujera al lenguaje del Código Penal los hechos delictivos que la opinión pública, sin duda atónita, ha podido contemplar en directo a través de los medios de comunicación. El delito de sedición –que se aplica a aquellos que «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales»– conlleva penas graves de prisión, consecuencia a la que no podían ser ajenos quienes, como relata la Fiscalía en su escrito de denuncia, desde la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y la asociación «Omnium Cultural», arietes del separatismo, organizaron y dotaron de medios unas concentraciones callejeras que tenían por objetivo, no la simple protesta, sino impedir por la fuerza que una comisión judicial debidamente acreditada y bajo órdenes de un juez llevara a cabo la misión encomendada. El espectáculo de los vehículos de la Guardia Civil vandalizados, mientras los agentes se veían confinados en el edificio, o el de unos policías nacionales obligados a abrirse paso con disparos al aire, de fogueo, muestra hasta qué punto ha llegado el juego suicida de los dirigentes de la Generalitat, dispuestos a trasladar a las calles su rebelión institucional, pero, también, la ausencia de percepción de la realidad de quienes, como algunos educadores, con desprecio de sus obligaciones ciudadanas y profesionales, parecen convencidos de que el Estado tolerará la ruptura de nuestro ordenamiento constitucional. Tal vez, algunos responsables políticos catalanes hayan creído ver debilidad en la respuesta gradual del Gobierno a las sucesivas provocaciones de los separatistas, pero se equivocan. Si el Ejecutivo ha mantenido, incluso en contra de una amplia mayoría de la opinión pública española, una estrategia de moderación y de respeto escrupuloso a la acción juridisccional de los jueces y fiscales, no era por falta de decisión, sino para tratar de mantener abiertas el mayor tiempo posible las vías de diálogo y de la persuasión. Pero, torpemente rechazadas por los separatistas, la inevitable actuación de la Justicia irá poniendo coto a todas y cada una de las transgresiones a las leyes que puedan producirse. El Estado de Derecho no va a desaparecer de Cataluña bajo la agresión de unos golpistas que, al menos hasta ahora, se han creído impunes. Todavía están a tiempo de rectificar y tratar de devolver a la sociedad catalana lo que es suyo. Pero, con la Justicia por bandera, la democracia española y el imperio de la Ley, que es su esencia, prevalecerán.