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La marcha atrás de Forcadell, otro golpe al independentismo

Tiempo de lectura 4 min.

10 de noviembre de 2017. 01:34h

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10/11/2017

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó a primera hora de la noche de ayer prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de 25.000 euros para los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, además de otras medidas cautelares, y les dio una semana de plazo para abonarlas, después de que la Fiscalía decidiera pedir reclusión incondicional para todos ellos y libertad bajo fianza para Barrufet y sin fianza para Joan Josep Nuet, que finalmente quedó en libertad provisional. Era el último capítulo de una jornada interminable en el Supremo una semana después de que Forcadell y el resto de los investigados consiguieran esa prórroga para preparar su testimonio. Se dio la circunstancia de que su comparecencia llegó justo en el día en el que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazó poner en libertad al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los siete exconsejeros. Forcadell y sus compañeros debían responder por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por facilitar con sus votos el proceso independentista, concretamente por admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre. Excepto Nuet, que cimentó su defensa en que no respaldó las leyes golpistas para lo que aportó documentación que lo acreditaba, Forcadell y el resto de los investigados aprovecharon la semana de receso para entender la gravedad de su situación y la consistencia de la acusación. Decidieron cambiar su estrategia de defensa de forma radical y se distanciaron de la línea adoptada por Junqueras y el resto de los exconsejeros. A diferencia de los procesados en la Audiencia Nacional, todos ellos respondieron a las preguntas de las partes, incluidos los fiscales, y acataron expresamente la aplicación del artículo 155 en Cataluña, al tiempo que admitieron que la declaración de independencia del 27-O tenía «carácter simbólico». De hecho, utilizaron su turno de última palabra para desvincularse de la vía unilateral hacia la secesión e incluso se comprometieron o bien a «abandonar la actividad política» o a renunciar a «cualquier actuación fuera del marco constitucional». Este giro tan significativo debió pesar en la resolución del magistrado Llarena, y puede marcar el camino a seguir por otros implicados si las causas relacionadas con el golpe separatista se unifican en el Supremo. En cualquier caso, se trata de una decisión que respetamos como también lo hicimos con la de la juez Lamela, tomadas en circunstancias similares, pero no idénticas que justifican resoluciones diferentes, más allá de que el Ministerio Público mantuviera una posición común conforme a la gravedad de los delitos perseguidos y las penas previstas. Si algo confirma la prisión con fianza a toda una presidenta del Parlament es la extrema gravedad de las conductas investigadas y el peso de las pruebas en su contra. Su rectificación, ciertamente oportunista, tendrá el recorrido y el alcance que debe tener, que es atenuar un tanto su presente judicial. Otra cosa será el futuro, pues su responsabilidad en el golpe contra la Constitución como la del resto de investigados no se puede edulcorar. Es preciso recordar ahora que hace tan sólo tres semanas Forcadell pidió a los catalanes firmeza para no dar «un sólo paso atrás» en el embate contra el Estado y que, por tanto, su arrepentimiento es difícilmente creíble. Lo que está claro es que su nueva estrategia de defensa no puede ser lo que esperaban los independentistas y en ese sentido se parece más a un revés para los facciosos que a otra cosa.

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