Editorial: La patética escapada de Puigdemont

El mismo día que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, presentaba la querella contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, éste hacía saber que se encontraba en Bruselas, no se sabe haciendo qué, aunque flirteando con la idea de que se había exiliado, algo que ya sugirió el día anterior. Todo indica que está dispuesto a seguir al detalle el guión del martirologio que su «estado mayor» le tiene asignado y tan gustosa y enajenadamente está dispuesto a representar. Sin embargo, parece no tener en cuenta que, aunque él viva en una realidad imaginaria, el Estado y la Justicia actúan con especial escrúpulo sobre los hecho delictivos que van en contra del orden democrático y él ha cometido algunos de enorme gravedad. Antes que emprender la fuga, Puigdemont y los cinco ex consejeros que les acompañan, deberían planear una defensa sólida de los delitos que se le imputa en la querella por rebelión, sedición y malversación. Parece que busca desviar lo esencial y es que el Ministerio Público piden que se «acuerden medidas cautelares» para asegurar el cumplimiento de la fianza a todos los querellados o, en caso contrario, el embargo de bienes por un importe de 6.207.450 euros. El ex presidente tiene libertad para viajar a Bruselas, pero también para regresar, si su presencia es requerida en breve para declarar ante la Audiencia Nacional, lo que no tardará. De no ser así, su situación penal se agravaría y desencadenaría la puesta en marcha de medidas cautelares, entre otras, la detención preventiva. Desconocemos si en los cálculos político-victimistas de Puigdemont entra provocar su detención; da lo mismo, porque de seguir insinuando la búsqueda de un lugar de asilo, habría que entenderlo como una fuga de los requerimientos de la Audiencia Nacional, que es quien llevará su caso, dado que España no encaja en los supuestos de «asilo diplomático» ni «territorial». En el primer caso, porque los posibles delitos de la querella de la Fiscalía, rebelión, sedición y malversación, fueron cometidos antes de solicitara asilo. En el segundo caso, porque ningún país miembro de la UE actúa en contra de las normas democráticas, tampoco España. Hasta los dirigentes políticos belgas –los nacionalistas flamencos del xenófobo N-VA– se han desmarcado de las pretensiones de Puigdemont. Se trata de una fuga con preocupantes signos patológicos y una manera de prolongar el fracaso del «proceso», incluso con dósis de electoralismo. Lo fundamental de la querella reside en la gravedad de los hechos que se exponen. Lo importante para sostener el delito de rebelión, el más grave al que se puede exponer, es que los informes en los que se basa la Fiscalía sean sólidos y claros, y todo indica, por lo ya expuesto en la querella, de sus minuciosidad: «Todos los querellados, de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo el referéndum independentista y con ello la separación de Cataluña de España, promoviendo y utilizando la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a esta a la insurrección», se dice. No es menor el delito de sedición, que de hecho es subsidiario del de rebelión, que implica alzarse pública y tumultuosamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes. Puigdemont ha elegido el peor camino para afrontar su defensa: no ha comprendido que el «proceso» ha fracasado, que la aplicación del artículo 155 no será un trauma insoportable y que la convocatoria de elecciones abre unas perspectivas a esta situación. Es posible que no quiera aceptar la realidad de los hechos: que su propio partido participará en los comicios del 21-D.