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La Razón, siempre con las víctimas

Tiempo de lectura 4 min.

14 de enero de 2018. 05:34h

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14/1/2018

Ayer se cumplieron diez años del asesinato de la niña Mari Luz Cortés a manos de Santiago del Valle, un delincuente sexual convicto, que, pese a acumular cinco causas por pederastia desde 2001, nunca había pisado la cárcel. El crimen de la pequeña onubense de cinco años provocó la reacción de la sociedad española que, solidarizándose con sus atribulados padres, reunió más de dos millones de firmas para que se modificara la legislación penal, de manera que estos asesinos irrecuperables no pudieran volver a reincidir. El crimen de Mari Luz se había producido el 13 de enero de 2008, pero no fue hasta el regreso del Partido Popular al Gobierno cuando, en julio de 2015, tras un largo y meditado debate jurídico y social, entraba en vigor la prisión permanente revisable, que, lejos de suponer una cadena perpetua, permite que, una vez cumplida una parte de la condena, los tribunales revisen la situación del reo cada dos años. Era una reforma necesaria para hacer frente a un tipo de delincuencia especialmente atroz, que encuentra sus víctimas entre las personas más vulnerables, y como tal había sido reclamada por la mayoría de los ciudadanos. Si bien desde su promulgación sólo se ha aplicado en un caso –el de David Oubel, que mató a sus dos hijas menores, Candela y Amaya, con una sierra radial–, la sociedad española ha asistido a varios crímenes horrendos, como los de Marta del Castillo o el más reciente de Diana Quer, así como a varios casos de reincidencia de violadores y asesinos excarcelados por la derogación de la «Doctrina Parot», que no hacen más que reforzar los argumentos en favor de una medida penal que, por otra parte, está en vigor en casi toda Europa. Hoy, en LA RAZÓN, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, hace un llamamiento al conjunto de los representantes políticos ante la amenaza que se cierne sobre la reforma que él, junto con otros padres que habían sufrido el terrible golpe de la pérdida de un hijo a manos de un desalmado, consiguió impulsar. Cortes confiesa a este periódico que comprende que el Partido Popular está solo en su defensa y que no consigue entender que algo que se ha conseguido después de mucho esfuerzo, que cuenta con el apoyo inequívoco de la mayoría de la sociedad, que se redactó incluyendo todo tipo de controles judiciales pueda ser derogada por conveniencias partidistas y anima a los ciudadanos a movilizarse. También Rocío Vieítez, la madre de Candela y Amaya, se ha movilizado para evitar que el Parlamento vote a favor de la propuesta del PNV y ya ha recogido cerca de 300.000 firmas, al tiempo que la madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, declaraba a LA RAZÓN su convencimiento de que mientras individuos como el asesino confeso de su hija estén en libertad nadie estará seguro. Si nadie parece discutir la necesidad de establecer un control más severo sobre este tipo de delincuencia, no se entiende, como ya hemos señalado en notas anteriores, la posición del PSOE y la, una vez más calculada, abstención de Ciudadanos, contra una pena que en ningún caso se reguló como si fuera una cadena perpetua –se revisa entre los 25 y los 35 años de prisión–, y que mantiene el principio de reinserción social que caracteriza nuestro Código Penal. Sólo desde una demagogia buenista, que obvia en aras de una mal entendida humanidad, la experiencia de los hechos, la realidad que reflejan los numerosos casos de reincidencia y la amplia literatura médica sobre la dificultad de la cura de estos delincuentes, se pueden comprender, que no justificar, algunas posiciones políticas.

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