La Unión Europea no se deja engañar

Muy necesitado de argumentos racionales debe estar el «proceso» independentista catalán –si es que alguna vez los ha tenido– para considerar a España como un vestigio «franquista», un estado «totalitario», «represivo» y «antidemocrático». Hacerlo, además, en Bruselas, en la capital política de la Unión Europea, supone que elige también como blanco de sus insultos –ya sólo prevalece la intención de ofender– a todo el proyecto comunitario. Sólo así podría entenderse que la UE acogiese entre sus miembros a un estado poco menos que liberticida. Deberíamos deducir que si España fue aceptada como socio en 1986 es porque la Unión tampoco respeta sus propios tratados. En los «criterios de Copenhague», introducidos en diciembre de 1993, todo país que aspira a ingresar debe «tener instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías». Sobra decir que España lo cumple, así como todos los miembros de la UE. Esa la verdad. Lo que ayer gritaban los independentistas catalanes por las calles de Bruselas, con Puigdemont a la cabeza, era una miserable mentira. La mentira es el marco mental en el que se encuentra en estos momentos el «proceso». El independentismo es un sucedáneo político para consumo exclusivo de una parte de la sociedad catalana: dos millones de electores. Bastaría con recordar que los líderes que encabezaron la lamentable marcha de ayer son militantes de partidos que han concurrido reiteradamente a las elecciones generales, desde 1977, y autonómicas, desde 1980; formaciones que se han beneficiado de las preceptivas subvenciones; que han ejercido la libertad de expresión sin límite de ofensa y veracidad, como estamos viendo; y que el ejercicio de los derechos civiles, también sin barrera, les ha llevado hasta liquidar la Constitución y el Estatuto desde unas instituciones de las que abusaron hasta declarar la independencia unilateral. Saben que cualquier país democrático, es decir, todos los de la UE, hubiese impedido un golpe de Estado como el que ellos pusieron en marcha. España lo ha hecho con la ley en la mano y aplicando el artículo 155, que está en la Constitución, y hubiese sido recriminable no haberlo hecho. En la manifestación de Bruselas no pudieron evitar su profunda frustración por no haber conseguido el apoyo de ningún Estado a su aventura, de ahí que hayan elegido también a la UE para sus ataques. Cuando Puigdemont acusa al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de «animar a Rajoy en su represión», está reconociendo su fracaso y aislamiento. El nacionalismo catalán sólo tiene el apoyo de los partidos xenófobos y antieuropeos. El independentismo catalán es ahora un enemigo del proyecto europeo y rema a favor de los que quieren debilitarlo. La imagen de los separatistas catalanes es el ejemplo vivo de una región rica dispuesta a crear un estado corporativo que ponga sus «derechos históricos» por encima de la igualdad de todos los ciudadanos. Es, por lo tanto, un ejemplo de un movimiento reaccionario más propio del siglo XIX o de épocas nefastas. Recurrir a un mensaje como «Europa, despierta. Democracia para Cataluña» es un ejemplo de mesianismo con tintes mucho más peligrosos ( es inevitable que no recuerde al «Deutschland, erwach», «Alemania, despierta», de 1933).No dan por acabado el «proceso» y proponen someter a Cataluña a cuatro años más de desgobierno, algo que será difícilmente soportable y que sólo ocasionaría agudizar la salida de empresas y la crisis de las instituciones de autogobierno, además de persistir en la fractura social. No tienen más objetivo que poner en jaque al Estado de Derecho, y ese es un objetivo inalcanzable.