Mas y el pacto de la vergüenza

No hay que dejarse engañar por la terminología al uso de los separatistas catalanes y, mucho menos, por los términos que utiliza el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, para cubrir, a modo de cortina de humo, sus responsabilidades. Así, el denominado «Pacto por la Rebelión» que ha ofrecido Mas a la extrema izquierda de la CUP, y que hoy revela LA RAZÓN, debería ser conocido como lo que es: un pacto vergonzante sin otro objetivo real que salvar la carrera política del líder de Convergència y, de paso, limitar los daños que la trama de corrupción del tres por ciento está causando al antiguo partido hegemónico del nacionalismo. Con el señuelo de una imposible independencia de Cataluña, indeseada por la mayoría de los ciudadanos y que las instituciones del Estado yugularían en sus primeras manifestaciones jurídicas positivas, se pretende que el partido que preside Antonio Baños, formación inclusa en ese espectro difuso del anticapitalismo etnicista, le entregue a Mas los votos que le faltan para ser investido de nuevo presidente de la Generalitat. El candidato, con el agua de los escándalos de corrupción al cuello y enfrentado a una división interna en su propio partido, piensa adoptar la vieja táctica del palo y la zanahoria. El palo, la amenaza de un nuevo adelanto electoral que recogiera para Juntos por el Sí un voto útil procedente de la CUP, por más arriesgada que sea la hipótesis; la zanahoria es ese plan de rebelión al que nos referíamos al principio, planteado en tres fases: desconexión, desobediencia y refundación de CDC. Una oferta que, a modo de cebo, puede ser atractiva para los radicales de la CUP ya que, en lo que de verdad cuenta, no obligaría a Artur Mas a tomar una medida sin retorno que, sin duda, haría caer sobre él, mucho antes de lo previsto, todo el peso de la Ley o que, en su defecto, podría acarrear la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que se puede suspender el Gobierno de la Generalitat. En efecto, Artur Mas calcula que una declaración unilateral de independencia promovida por Juntos por el Sí en el Parlamento autónomo catalán no tendría efectos jurídicos, como ya ocurriera en el caso del falso referéndum del 9 de noviembre de 2014, con lo que sería dudosa una reacción drástica del Gobierno, en plena campaña electoral, o del Tribunal Constitucional, sujeto por definición a otros tempos. De esta forma, Mas cree que ganaría unos meses, con la vista puesta en la fragmentación anunciada por las encuestas de las próximas Cortes, que hace temer un futuro Ejecutivo débil o, lo que es peor, que esté en manos de fuerzas extremistas de izquierda, proclives al «derecho a decidir», como Podemos o la Unidad Popular, que es la nueva marca de la vieja IU. Pero sin negar que un proceso de inestabilidad política en España supone un hándicap a la hora de enfrentar el desafío separatista catalán, cuestión que deberían tener muy presente los electores, el proyecto salvavidas de Mas no resiste el menor análisis. En primer lugar, porque Convèrgencia está inmersa en un proceso judicial complejo que no responde a criterios políticos, sino penales. En segundo lugar, porque no es creíble que la CUP se deje tentar por un señuelo tan obvio y avale con sus votos un modelo de corrupción institucional que tanto ha denostado. La «construcción nacional» ya se ha llevado por delante el crédito político de ERC y su independencia funcional. Su líder, Oriol Junqueras, ya está ligado de por vida al tres por ciento, cuya última denuncia fue hecha por una de sus concejales, hoy silenciada y apartada del partido. Toda una muestra del agrio peaje nacionalista.