No es libertad de expresión, es defensa de la democracia

El discurso político de Podemos y otras candidaturas afines al populismo izquierdista se basa en un principio: imponer ideas simples e incuestionables frente a la Ley y los derechos constitucionales. Argumentar que prohibir un ejercicio de exaltación del terrorismo etarra va en contra de la libertad de expresión es como creer que una aberración ideológica que tiene como objetivo único destruir la democracia debe beneficiarse de la propia democracia. ¿Hablamos de libertad de expresión? No. Hablamos de que aquellos que asesinan para imponer sus ideas deben ser castigados con el peso de la Ley y sólo la Ley. De la misma manera que no se aceptaría en un espectáculo el uso de cámaras de gas para exterminar judíos o de fosas comunes en la que yacen fusilados, de ninguna de las maneras debe aceptarse el oprobio que supone dar vivas a ETA sin ápice de sátira e ironía. Hay sectores radicalizados que olvidan que la batalla más dura y sangrienta que mantuvo la democracia española fue contra el terrorismo etarra, con momentos de despiadada violencia y persecución a los que se oponían a su dictado totalitario. En esta lucha no cabían ambigüedades ni la confusión ideológica de esos «compañeros de viaje» que confundían a quien pegaba un tiro en la nuca con un «luchador por la libertad del pueblo vasco». El Código Penal que se ha aplicado, a través del artículo 578, a los dos miembros de una compañía de titiriteros que provocativamente creían que dar vivas a una banda terrorista no tiene consecuencias en un país democrático sirve para defendernos de los enemigos del sistema. Se trata del mismo sistema que defiende la libertad de opinar libremente y cuyos límites sólo están marcados por decisiones judiciales en función de que se menoscabe «el respeto a la Ley y a los derechos de los demás». Ayer, Podemos salió en defensa de los dos detenidos basándose en esa interesada confusión entre libertad de expresión e insulto a las víctimas del terrorismo. Su líder, Pablo Iglesias, sabe muy bien que esa libertad, en su caso, es plena y que no hay más límite que el que él quiere imponerse en función de sus principios morales e intereses políticos. Alguien que aspira al Gobierno de España no sólo debería condenar el triste espectáculo dado por una compañía de títeres en Madrid, sino hacer pedagogía de los principios democráticos que rigen nuestra sociedad y situar muy claramente el límite que nadie debe sobrepasar en defensa de nuestra convivencia. Extraña salida de Podemos, que pone en entredicho a Manuela Carmena, que se ha visto obligada a criticar el espectáculo, aun siendo responsable política de lo sucedido y aunque haya mantenido en su cargo a la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer. Como ejemplo de que el populismo izquierdista insiste en que ha sido un ataque a la libertad de expresión están las declaraciones de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que, después de culpar a «una derecha vengativa» de la intervención de la Justicia –como si un magistrado de la Audiencia Nacional actuase al dictado–, habla con candidez de una «obra satírica y carnavalesca que puede que fuera de mal gusto». La soberbia política puede curarse con los años y el izquierdismo acabar en pura retórica, pero lo que no puede aceptarse es que esta «nueva izquierda» con resabios de la peor ortodoxia totalitaria quiera cambiar la evidencia: que ETA quiso destruir nuestra democracia.