Por una Sanidad sostenible

España dispone de un Sistema Nacional de Salud (SNS) avanzado y alabado por nuestros socios europeos y no es una exageración decir que es de los más ejemplares entre los países desarrollados, lo que obliga a los responsables públicos a mantener estos estándares de eficacia. A lo largo de la crisis económica que ha vivido nuestro país, uno de los objetivos no podía ser otro que mantener la sostenibilidad de este servicio. Todos los países de la Unión Europea han adoptado medidas que permiten optimizar sus modelos asistenciales y farmacéuticos. La implantación de medidas en este ámbito ha sido importante, en especial en los países a los que ha golpeado con más intensidad la crisis financiera y económica. El real decreto-ley de 2012 tuvo como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud, dotándolo de solvencia y viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo. En ese contexto, el Gobierno retiró el derecho a la atención primaria en el SNS a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. Esta medida ha sido rectificada ahora bajo el criterio de «cuestiones de salud pública» y de índole práctico y organizativo para no saturar las urgencias. No hay que olvidar que el SNS estipula que, a pesar de la situación irregular del inmigrante, éste pueda, en caso de padecer alguna dolencia, ser atendido en las urgencias hospitalarias. El anuncio por parte del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a beneficiarse de la atención primaria es acertado, teniendo en cuenta, además, que no supondrá la recuperación de la tarjeta sanitaria. Por un lado, esta medida preserva el carácter universal de la Sanidad pública española pero, por otro, se opta por la vía más eficaz y directa para que sea la atención primaria la que canalice el servicio sanitario. En cuanto a que los inmigrantes en situación irregular dispongan de tarjeta sanitaria, estaríamos ante un hecho extraordinario, ya que «les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país», en palabras del propio ministro, que ha adelantado que lo que hay que hacer ahora es, en colaboración con la Administración autonómica, crear un programa de prevención de enfermedades y asistencia sanitaria dirigido a extranjeros empadronados en España. Para evitar un «turismo sanitario» encubierto o favorecer a las rentas altas, no podrán acogerse a este acuerdo aquellas personas que declaren ingresos superiores a 100.000 euros. Si por algo se define nuestro Estado del Bienestar es por el Servicio Nacional de Salud, por su eficacia y sostenibilidad, pero sólo desde la responsabilidad de los propios beneficiarios puede garantizarse su futuro.