Primero, volver a la legalidad; después, convocar elecciones

El artículo 155 ya está en marcha. Ayer se reunió la Junta de Portavoces del Senado y quedó constituida la comisión para tramitar las medidas que el Gobierno quiere aplicar. Tras el paso previo por la comisión de estudio, la aprobación por la Cámara Alta podría tener lugar en el pleno del vienes. El gobierno catalán parece seguir instalado en un estadio propagandístico y meramente táctico, sin entender las consecuencias reales de la intervención de la administración autonómica: ha sido precisamente el nacionalismo radical –al que «Le Monde» definía en un editorial como «micronacionalismo ultra»– el que ha acabado violentando las instituciones del autogobierno, mientras, por contra, el Gobierno de la nación es quien las ha restituido. Ayer, los dirigentes de la Generalitat volvieron a dar sobradas muestras de que viven instalados fuera de la legalidad y que han perdido el hábito de las normas parlamentarias más elementales, en cuyo ámbito es donde deben discutirse las cosas fundamentales que afectan al conjunto de los españoles. En un momento en el que la legalidad democrática ha sido atacada, no vale persistir en los enredos gramaticales de los últimos días. Mariano Rajoy –con el apoyo del conjunto de las fuerzas constitucionalistas, con PP, PSOE y Cs a la cabeza– propuso a Carles Puigdemont que convocase elecciones autonómicas, prerrogativa que corresponde al presidente de la Generalitat, mientras sea efectivo su mandato, para desbloquear la situación y dar un salida formalmente democrática. No respondió a lo que hubiese sido una salida razonable, sin embargo abrió la veda de la elucubración estéril sobre si dichos comicios deberían ser autonómicos o constituyentes. En el primer caso no cabría la menor duda si se convocasen ajustándose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo que sin duda sería un paso en el restablecimiento de la legalidad. En el segundo caso, sólo cabe esperar que se convoque acorde con el artículo 88 de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, suspendida a todos los efectos por el Tribunal Constitucional. Lo que corresponde en este momento es dejar el doble lenguaje –el de la doble legalidad– y cumplir las normas. Por lo tanto, no basta con convocar elecciones, sino que hay que acatar la legalidad y la derogar las leyes aprobadas ilegalmente en el Parlament –contraviniendo el reglamento de la Cámara, los informes de los letrados y la suspensión del TC– y restituir la Constitución y el Estatuto abolidos en las bochornosas sesiones del 6 y 8 de septiembre. La legalidad se ejerce y se respeta, por lo que Puigdemont debería tener en consideración la propuesta realizada por el Senado de presentar las alegaciones que considere oportunas en la tramitación del 155 en la comisión creada para tal efecto, incluso debatir en el pleno del próximo viernes. Es ahí donde debería presentar su plan ante todo el país y donde contrastar la irrealidad de una Cataluña independiente. Ese es el diálogo, el verdadero diálogo, sobre propuestas políticas concretas y no sobre el guión cerrado de negociar la ruptura territorial o un referéndum de autodeterminación. La decisión de poner en marcha el 155 «no tiene nada de antidemocrático», como decía ayer en su editorial «The Wall Street Journal», porque «un líder nacional debidamente elegido está intentando dar a todos los ciudadanos la protección de la Constitución nacional contra una minoría de demagogos».