Referéndum antidemocrático

La revelación por parte del ex juez y ex senador Santiago Vidal de que la Generalitat estaba empleando medios ilegales para obtener datos fiscales de los catalanes ha acelerado el «proceso», al punto de que los independentistas parece que han optado por el tan traído «choque de trenes» para parar una locomotora que, en estos momentos, circula enloquecida dispuesta a destruir todo cuanto está a su paso. Aunque parezca una solución dramática, sería la única que contentaría al imaginario nacionalista, lugar en el que habitan los fantasmas de otras quimeras históricas. Pero aquí no se trata de repetir la historia, sino de aprender de ella: Cataluña sólo ha prosperado y ha ejercido sus plenos derechos como parte fundamental de España. Habría otra solución: convocar nuevas elecciones. Incluso una intermedia: elecciones y referéndum a la vez. Pero el problema planteado en estos momentos es otro y la solución no pasa por tacticismos imaginativos. Ante la situación planteada de celebrar un referéndum ilegal y de declarar la independencia unilateral de Cataluña no puede haber más solución que el respeto a la Constitución. Sin aceptar este principio, será difícil encontrar una solución duradera y estable. Poner en marcha el referéndum para antes del verano, como no descartan los líderes independentistas, es despreciar la mano tendida que se ha ofrecido desde el Gobierno. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría lo hijo ayer en la sesión de control del Congreso: la Constitución «pone freno a los abusos de los gobernantes». Y, en estos momentos, los que gobiernan en la Generalitat están abusando de su poder –que no corresponde a la mayoría de la sociedad catalana– para imponer la secesión, se esté o no a favor. En la hoja de ruta del independentismo no hay margen para el diálogo y hace tiempo que se descartó un acuerdo sobre bases realistas y factibles. Hasta ahora, el Gobierno ha hecho cumplir la Ley, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional aquellas medidas que infringían directamente la legalidad y en ningún momento ha tomada esas medidas «excepcionales» que el nacionalismo rogaba que se aplicase para dar alas a sus coartadas. Sin duda, estamos ante un desafío inédito en nuestra democracia –si no contamos algún momento de grotesco golpismo– y, por lo tanto, ésta debe actuar con las leyes que le son dadas para defenderse. Rajoy dijo ayer que es «absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar», cuando hay medios legales –que son los que debe utilizar el Estado– para impedirlo, incluso con medidas coarcitivas de manera proporcionada, pero que asegure el cumplimiento de la normas. La deriva que está llevando a cabo la Generalitat en los últimos días ha decepcionado al Gobierno porque frustra la estrategia de mantener puentes abiertos, pero que nadie se lleve a engaño: el plan soberanista está diseñado para llevarse a cabo. El Gobierno no puede renunciar al diálogo por más complicada que esté la situación en estos momentos, porque el independentismo sólo podrá frenarse desde la propia sociedad catalana. La Generalitat niega cualquier diálogo porque esconde su debilidad precisamente en el extremismo de sus últimos pasos. El «caso Vidal» sólo ha sacado a la luz un plan que estaba diseñado hace tiempo. Ya en febrero de 2014, el propio Mas presentó un acuerdo con las cuatro diputaciones como el camino para disponer de una Hacienda propia. Si se confirma que se han empleado medios ilegales para acceder a los datos de los contribuyentes, debe ser recurrida de inmediato. El referéndum será también recurrido ante el TC y hay que impedir su realización y debe ser denunciado como la última estratagema para mantener vivo un conflicto en el que nos jugamos el futuro de todos los españoles.