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Reformar la constitución exige acuerdo y un objetivo definido

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Tiempo de lectura 4 min.

14 de septiembre de 2017. 03:24h

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14/9/2017

Nadie, y menos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene que la Constitución española sea intocable y que no admita los cambios que el devenir de los tiempos aconsejen. De hecho, el propio texto constitucional contiene los instrumentos para su reforma. Exige, eso sí, un consenso político y un respaldo social muy amplio y permanente, conscientes como eran los padres redactores de nuestra vigente Carta Magna de la turbulenta historia española reciente, marcada por el partidismo de quienes sólo veían en los procesos constituyentes una manera de afianzar sus propia visión y aplastar la del contrario. Pero, hay que insistir en ello, ni la Constitución es un texto sagrado ni, por supuesto, un bálsamo de Fierabrás que solucione por sí misma todos los problemas. Ayer, en la sesión de control del Congreso, Mariano Rajoy respondió desde el sentido común a la interpelación del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre la conveniencia de abrir el debate de la reforma constitucional, reclamando que ésta se lleve a cabo desde el acuerdo más amplio posible y, sobre todo, con un consenso claro sobre qué es lo que conviene modificar y sobre qué bases. Porque todo lo que no se ajuste a esa doble condición –acuerdo mayoritario y propósito– está condenado a generar unas expectativas entre la ciudadanía que acabarían por verse frustradas. Ciertamente, lo que Albert Rivera tilda de inmovilismo en Mariano Rajoy , no deja de ser la más elemental prudencia que se debe exigir a un gobernante cuando se trata de abordar cambios en el que, sin duda, sigue siendo el mismo instrumento perfectamente válido sobre el que se ha fundamentado el mejor período político, económico y social de la historia de España, y que ha dotado a la nación de un sistema democrático que se encuentra entre los más avanzados del mundo. Si hoy España es uno de los adalides de las libertades y los derechos ciudadanos, en buena parte se debe al texto constitucional. Dicho de otro modo, reformar sin un proyecto político claro no es lo contrario del inmovilismo si no otra manera de moverse en círculo. Pero es que, en este tipo de asuntos, los «tempos» son tan importantes o más que los modos y no parece que en medio de la operación separatista de Cataluña se den las más mínimas condiciones para afrontar una reforma constitucional de calado. Como dijo Rajoy, con el acuerdo del resto de los líderes constitucionalistas, lo que toca ahora es, precisamente, defender la Constitución del 78 y su plena vigencia frente a quienes pretenden terminar por la vía de la insumisión con la soberanía nacional, el principio de legalidad y el Estado de Derecho, que constituyen los pilares básicos del texto constitucional. En este sentido, también debería aplicarse el principio de precaución si la pretendida reforma toca los fundamentos mismos de la norma y se pretende rehacer la Constitución de nueva planta. En definitiva, que ni es el momento ni existe un proyecto compartido, si quiera planteado, ni, por lo tanto, se dan las condiciones de un consenso político amplio. Hablar en estas circunstancias de la reforma de la Carta Magna parece más un paliativo del problema separatista catalán que una expresión de voluntad. Porque, de existir esa voluntad de mejora, bastaría con que los distintos representantes políticos se decidieran a negociar sin segundas intenciones aquellos cambios institucionales que pueden llevarse a cabo sin necesidad de tocar la Carta Magna.

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