Retirar el referéndum, la única vía

La idea de «tercera vía» en política apareció en los años 90 como una fórmula para hacer compatible soluciones de la tradición liberal y de la socialdemócrata. La cosa se complica cuando no se comparte el mínimo consenso político y una parte quiere deslegitimar el orden constitucional. En el respeto al Estado de Derecho no hay equidistancia posible: o se está a favor o en contra. De ahí que hablar de «tercera vía» para solucionar el desafío independentista es falsear el verdadero problema que está planteando el nacionalismo catalán: la construcción de un Estado propio pasando por encima de la soberanía del conjunto del pueblo español. Conviene dejar claro para no cometer errores que la única vía es la retirada por parte de la Generalitat de la propuesta de referéndum aprobada por el Parlament el pasado 6 de octubre y que el Tribunal Constitucional ha suspendido. Es decir, hay que restablecer la legalidad como única vía para una diálogo productivo y asentado en bases leales. Hace unos días, Artur Mas habló en una conferencia en Madrid de que entre «nuestro Estado o quedarnos como estamos», puede haber «algo en medio», y ese algo ignoto lo debe «proponer el Estado español». De ahí a que el ex presidente de la Generalitat esté ensayando una posición más moderada hay una enorme distancia. Mas no tiene credibilidad política alguna y sus palabras nos resultan una pura falacia, incluso una mera estrategia para situarse de nuevo en el tablero político catalán, sobre todo cuando tras la misma conferencia llegó a hablar de que el Estado está preparando un plan para «intervenir» en Cataluña. ¿Es eso la «tercera vía»? Insistimos, todo indica que Mas está actuando como posible candidato a la Generalitat para resarcirse de su enorme fracaso político y conseguir con los votos lo que la «justicia española», según sus propias palabras, le ha arrebatado. El Gobierno ha basado la llamada «operación diálogo» en fortalecer sus vínculos con todos los sectores de la sociedad catalana y dedicarse a actuar en la política «no identitaria», terreno enormemente improductivo en el que el nacionalismo catalán es avasallador y actúa sin ahorrar medios. La única política que cabe aplicar es la de hacer funcionar a la sociedad, la que parte de problemas reales y tiene soluciones efectivas, posibles y presupuestadas. Ése es el mejor diálogo que se puede establecer con Cataluña, por lo menos por ahora. El Gobierno ha estudiado las 45 peticiones que el presidente de la Generalitat presentó el pasado abril; todas son asumibles, o por lo menos se pueden negociar porque hablan de infraestructuras y competencias, política, al fin y al cabo, menos la última: la realización de un referéndum independentista. Hay sectores dentro del nacionalismo que están convencidos de que la secesión es un plan irrealizable, por lo menos en los plazos inmediatos en que sus líderes lo están vendiendo, que el coste social es altísimo, que la ilegalidad del «proceso» es insensata, llevando a la radicalización antisistema al viejo votante más moderado. Algunos acontecimientos acaecidos en las últimas semanas han dejado al independentismo como un movimiento que está demostrando estar peligrosamente fuera de la realidad: el demencial Estado que, según el ex senador Vidal, se está construyendo; el aislamiento internacional y la negativa de Bruselas a aceptar la segregación dentro de un Estado miembro y el espectáculo antidemocrático que Mas ofreció en su marcha hasta el TSJC. No hay más vía que aceptar las reglas del juego. Optar por el choque de trenes puede ser para la Generalitat una operación electoral, pero sin duda el coste puede ser demasiado alto.