Tolerancia social con el fraude

Un estudio sobre el panorama del mercado laboral español en 2014, elaborado por uno de los principales portales de búsqueda de empleo en España –Infojobs– y por la escuela de negocios Esade, revela que el 20 por ciento de las personas que se declaran en paro admiten haber recibido dinero en B por realizar algún tipo de trabajo durante el último año. Igualmente, entre los que tienen empleo, un 10 por ciento reconoce haber cobrado parte del salario en dinero «negro». Es decir, casi dos millones y medio de los españoles en edad laboral de nuestro país eludieron el pasado año todas o una parte de sus obligaciones fiscales, contribuyendo a mantener unos niveles de economía sumergida de los más altos de la Unión Europea. Los datos oficiales disponibles corroboran los resultados del estudio: entre abril de 2012 –cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió intensificar la inspección fiscal y laboral– y mayo de 2014, afloraron en España más de 170.000 empleos irregulares, con unos 9.200 millones de euros no cotizados. Por supuesto, hay que distinguir entre aquellos trabajadores que en situaciones dramáticas producidas por la crisis se han visto obligados a aceptar falsos contratos a tiempo parcial, con una parte del salario en negro, y quienes, simplemente, buscan eludir sus responsabilidades fiscales. En ambos casos, el prejuicio que causan al conjunto de la sociedad, que dedica más de 25.000 millones de euros anuales a cubrir prestaciones por desempleo, es inaceptable y debería ir acompañado de un claro reproche social que, desafortunadamente, no suele producirse por una tolerancia mal entendida entre buena parte de la población, que transfiere la responsabilidad a un tercero –generalmente el Estado y su presión fiscal– o busca justificaciones en otros comportamientos igualmente reprobables, como las corruptelas de los políticos. Contratos en los que se hacen figurar menos horas de las que realmente se trabajan, empleados sin alta en la Seguridad Social, falsos autónomos, profesionales que no declaran el IVA, tramas de empresas ficticias para adquirir derechos sociales fraudulentamente, facturas hinchadas y bajas médicas son parte de un fraude cuyo alcance, por su propia naturaleza, es muy difícil de cuantificar pero que, en términos de PIB, vendría a suponer el 18,6 por ciento o, lo que es igual, 190.000 millones de euros. Sin duda, la crisis económica, de una dureza con pocos precedentes, ha sacado a la superficie lo mejor de la sociedad española, con su sacrificio y solidaridad, pero también ha sido el perfecto caldo de cultivo para los desaprensivos. Y aunque siempre existe la tentación de justificar en el estado de necesidad algunas de estas conductas, lo cierto es que representan un lastre para la recuperación actual y se convierten en una hipoteca para el futuro.