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Una propuesta de Gobierno para afianzar el crecimiento español

La Razón
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Pocas sorpresas –«conejos saliendo de las chisteras», en gráfica expresión de Mariano Rajoy– hubo ayer en Valencia durante la presentación que hizo el presidente del Gobierno de las líneas generales del programa electoral popular. Pero, sin duda, esa ausencia de fuegos de artificio y brindis al sol, tan comunes en época de campaña, deberían suponer el mejor de los avales para quienes reclaman el voto de los ciudadanos. De hecho, lo más significativo de las propuestas del candidato popular –aunque apenas esbozadas– es que cada una de ellas se puede aplicar razonablemente porque se asientan sobre la realidad de las cuentas públicas, mantienen el equilibrio del gasto y no implican desatender los compromisos de reducción del déficit adquiridos con la Unión Europea. Dicho de otro modo: Mariano Rajoy no presenta tanto una apuesta electoral, como la continuación de un programa de Gobierno que, una vez vencida la peor parte de la crisis, puede poner el acento en el impulso al crecimiento de la economía y, por lo tanto, del empleo. En cierto modo, es la vuelta a los planteamientos programáticos del Partido Popular, a su concepción del papel del Estado en la gestión pública, que la insoslayable realidad obligó a aplazar durante la pasada legislatura. En efecto, siempre ha dicho el presidente del Gobierno que había hecho la política que tenía que hacer y no la que le hubiera gustado, y, por eso, Mariano Rajoy quiso insistir ante su auditorio en que si el programa electoral propone una nueva reducción impositiva –bajada del tipo marginal mínimo del IRPF del 24 por ciento al 17 por ciento, y el máximo, del 45 por ciento al 43 por ciento– o promete mejorar el sistema de cotización a la Seguridad Social para hacerlo menos gravoso a las empresas a la hora de crear empleo es, sencillamente, porque ahora puede hacerse sin poner en peligro los ingresos del Estado. Hay, pues, una oferta de continuidad en la acción gubernamental que, por supuesto, incluye perseverar en el programa de reformas y en la racionalidad del gasto público, pero que, también, permite cumplir el objetivo de devolver a los ciudadanos, en especial a una clase media sobre la que se ha cargado la mayor parte del esfuerzo fiscal, la capacidad adquisitiva perdida. Se cerraría así el círculo virtuoso de la gestión de Gobierno, en el que la vuelta a los índices de consumo interno, combinada con el mejor comportamiento del sector exterior, multiplique el empleo, incremente los ingresos del Estado y permita restañar muchas de las secuelas que ha dejado la crisis en el cuerpo social. Es probable que una parte de los electores encuentre poco ilusionante unas propuestas ancladas en la prosaica realidad y que, a su vez, reclaman mantener firme el rumbo y constancia en el esfuerzo. Nada que ver con el festival de promesas a que nos empiezan a acostumbrar los populismos de izquierda, siempre adictos a la barra libre del gasto público y a esa pócima mágica de la «subida de impuestos a los ricos» que, a la postre, acaba cebándose sobre los contribuyentes de siempre. No hay conejos en la chistera del Partido Popular, pero tenemos el convencimiento de que lo que España necesita, lo que de verdad beneficiará a los ciudadanos, es un Gobierno que sepa continuar con la obra de reforma emprendida y que mantenga la senda del crecimiento económico sobre unas bases sólidas. Lo contrario presenta el riesgo de echar por la borda el esfuerzo de cuatro años.