Cataluña

Una segunda vuelta necesaria

La Razón
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Las últimas elecciones autonómicas y municipales proporcionaron instituciones mucho más fragmentadas. Tanto que en algunas administraciones regionales tuvieron que transcurrir semanas para poder alcanzar un acuerdo de mínimos sobre el nuevo gobierno. En las corporaciones locales se repitió el turbio episodio del pacto de perdedores que relegaba a la lista más votada por los ciudadanos en favor de acuerdos de conveniencia y poder marcados por su escasa transparencia y limitada proyección. Estos compromisos no son nuevos, y sus apariciones en la vida pública han estado vinculadas a la obsesión de la izquierda por arrebatar como sea gobiernos al PP. De bipartitos, tripartitos y cuatripartitos saben lo suficiente en Galicia, Cataluña o Baleares y también de su fracaso. El gran perdedor de estas anomalías suele ser el ciudadano, pero también el prestigio de las instituciones y de la propia democracia. No porque no sean fórmulas legales las que cimentan el futuro de un territorio en la pura y dura aritmética parlamentaria, sino porque su legitimidad democrática es más que cuestionable en la medida en que se reinterpreta y manipula la voluntad de los ciudadanos. El PP está dispuesto a emprender una reforma electoral que racionalice el funcionamiento de las instituciones y favorezca la estabilidad y no el desgobierno. Los populares llevaron la pasada semana al Congreso su propuesta para los comicios municipales que se basa en la «prima de mayorías» equivalente a la mayoría absoluta de concejales cuando se alcance un determinado porcentaje de voto y una diferencia concreta con la siguiente candidatura y también en la convocatoria, en el caso de no alcanzarse ese porcentaje, de una segunda vuelta. Es una fórmula a debatir con el resto de grupos, especialmente con el PSOE, el otro gran partido de gobierno que, por supuesto, no puede estar cerrada pero que favorece soluciones más justas y adecuadas al interés general. Pedro Sánchez se ha negado siquiera a hablar porque, según él, «gana las elecciones quien gobierna», un principio que retuerce el Estado de Derecho. Si es igual dirigir un Ayuntamiento tras lograr el 15 por ciento de los votos que el 35%, algo no va bien. La realidad es que la reforma electoral del PP aplicada al mapa municipal de los últimos comicios no supondría una revolución, como venden los socialistas, porque en la mayoría de los ayuntamientos gobierna la lista más votada con apoyos, pero sí redundaría en estabilidad y gobernabilidad porque la prima evitaría al ganador depender de otros. El PSOE se siente a gusto en el modelo por puro cortoplacismo, pero es un error que sólo demuestra sus alicaídas aspiraciones. Pese a la estrechez de los plazos parlamentarios, merece la pena hacer el esfuerzo de avanzar una reforma que mejorará el sistema.