Unidad de criterio de la Fiscalía

El inesperado fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, aunque doloroso, porque supone la pérdida de uno de los grandes juristas que ha dado el Derecho español, no debería cambiar, sin embargo, la estrategia que el Ministerio Público ha mantenido a la hora de enfrentar el grave desafío separatista en Cataluña. No solo porque la Fiscalía, por definición, se rige, entre otros principios, por la unidad de criterio, sino porque también responde a su función de defensa de la legalidad, claramente conculcada por el destituido gobierno de la Generalitat. Aún así, la desaparición de José Manuel Maza se produce en un momento delicado, en el que la actuación judicial contra el golpe de estado secesionista debe resolver cuestiones de orden procesal complejas, dada la dispersión en distintas instancias judiciales de los numerosos procedimientos incoados contra los principales responsables del proceso secesionista y de los acciones conexas al mismo, como las sucedidas en Barcelona en vísperas del referéndum ilegal, cuando grupos de personas organizadas y alentadas por las asociaciones ANC y Omnium Cultural trataron de impedir una actuación judicial, en un claro delito de sedición. Si bien esta multiplicidad de instrucciones, que se dan tanto en los juzgados ordinarios de Cataluña, como en su Tribunal Superior, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, no afectan al principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal, que, como ya hemos señalado, debe mantener un mismo criterio sin importar el ámbito jurisdiccional, obliga al Gobierno a abordar la sucesión de José Antonio Maza con la mayor celeridad posible y, sobre todo, a buscar una figura que tenga, al menos, el mismo prestigio jurídico del magistrado fallecido. De momento, y cumpliendo las previsiones legales, se hará cargo de la jefatura del Ministerio Público el actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien ya desempeñó otra interinidad, en circunstancias menos dramáticas, tras la renuncia de Torres Dulce. Pero el impasse que se abre, y que se prolongará al menos dos semanas, puesto que el nuevo fiscal general tiene que comparecer en el Congreso, tampoco debe suponer cambios mayores en las actuaciones de los distintos fiscales. Esto es así, porque el magistrado suplente, de sobrada experiencia profesional y, como José Manuel Maza, de probada independencia, ha mantenido una posición cerrada de defensa de la legalidad en Cataluña, respaldando al Fiscal General en todo momento. Luis Navajas ha ido de la mano con su superior en las actuaciones contra el desafío soberanista y en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación, y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia. Incluso, días antes de la presentación de las querellas, Navajas ya advirtió en unas declaraciones públicas que el Ministerio Fiscal adoptaría «con serenidad, pero con firmeza», «todas aquellas medidas y resoluciones» que fueran necesarias para la restauración de la legalidad en Cataluña. A la espera del nuevo nombramiento en la Fiscalía General del Estado, y como no podía ser de otra forma en un Estado democrático, las previsiones constitucionales garantizan que la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos están en las mejores manos. Solo cabe desear al Gobierno que acierte en la sucesión de quien fue un enorme jurista, que basó su independencia de criterio en el conocimiento del Derecho y en la sujección a la Ley.