La renta básica es injusta

Finlandia comenzará a experimentar a partir de 2017 con la renta básica. Este mismo mes de enero, 2.000 ciudadanos recibirán durante dos años 560 euros mensuales con independencia de su situación personal, es decir, que, aun cuando encuentren trabajo, seguirán percibiendo esta retribución; aun cuando se nieguen a encontrar trabajo, seguirán percibiendo esta retribución. La renta básica –a diferencia de lo que sucede con otras transferencias sociales, como las rentas mínimas de inserción– posee estas dos notas fundamentales: es universal –todo el mundo la cobra– y es incondicional –se cobra bajo cualquier circunstancia personal imaginable–.

El programa piloto se hallará, sin embargo, bastante acotado. Ni siquiera el Ejecutivo finés se ha atrevido a lanzarse al ruedo de esta masiva redistribución de la renta sin mensurar antes cuáles pueden ser sus consecuencias. Al cabo, si la renta básica se percibe incondicionalmente, ¿seguirá la gente dispuesta a trabajar o se contentará con disfrutar de su tiempo libre sobreviviendo merced a este subsidio estatal? Una deserción masiva del mercado laboral podría provocar un colapso económico y la propia imposibilidad de seguir financiando esta renta básica.

Mas las propias limitaciones del programa harán que sus resultados sean poco generalizables. Primero, la cuantía de la renta básica es muy inferior a la que defiende cualquiera de sus principales promotores pues a duras penas permite siquiera sobrevivir: 560 euros en Finlandia poseen un poder adquisitivo inferior a 400 euros en España. Segundo, la prestación se concede únicamente a parados (no a personas con empleo) y por tiempo limitado (dos años): es harto dudoso que nadie vaya a renunciar a un empleo por el hecho de percibir durante ese breve período unos ingresos extra de 13.500 euros. Tercero, la implementación de una renta básica a gran escala obligaría a subir extraordinariamente los impuestos a las clases medias y clases medias-altas, lo que también provocaría un retraimiento de su predisposición a trabajar: este efecto pauperizador —tan o más importante que el desincentivo a buscar empleo entre los ciudadanos con menor renta— simplemente no se medirá en este restringido experimento, pues el coste del programa es ridículo.

Muchas distorsiones

Evidentemente, a mayor importe mensual de la renta básica, mayores impuestos necesarios para financiarla y, por tanto, mayor distorsión económica tanto sobre los perceptores como sobre los pagadores. Cuanto más alto sea el sueldo mensual que nos abone el Estado, menores incentivos a trabajar en el mercado para complementarlo; cuanto más altos sean los impuestos para financiar ese programa estatal, menores incentivos a trabajar en el mercado para generar una riqueza que luego nos es ruinmente expoliada por el gobierno. La renta básica se carga por arriba y por abajo la coordinación social porque lleva en su misma naturaleza la más profunda contracción económica posible: desvincular producción de consumo (si quiero consumir ya no necesito producir nada porque el Estado me proporciona renta en cualquier caso). Una absoluta imposibilidad a escala agregada por cuanto no es posible consumir aquello que no ha sido producido previamente.

En el fondo, el gran problema de la renta básica no es económico, sino moral. Tal como explico en mi libro Contra la renta básica (Planeta, 2015), este programa estatal es completamente injusto porque consiste en reconocer a cada persona un derecho incondicional a obtener ingresos del resto de la sociedad. ¿Y cuál es el correlativo de un derecho incondicional? Una obligación incondicional a producir y abonar esas rentas: y una obligación incondicional a generar y entregar rentas se llama esclavitud.

Lejos de ahondar en medidas redistributivas que son antieconómicas e inmorales, Europa debería avanzar hacia una mayor libertad social y económica. La libertad no es una amenaza para las personas más pobres de la sociedad, sino la forma de multiplicar sus oportunidades: y por eso, la libertad no sólo es intrínsecamente moral, sino también ilusionantemente funcional.

Nuevo sablazo de Carmena

Aprovechando la cortina de humo que ha supuesto la restricción del tráfico urbano en Madrid, el Ayuntamiento de Carmena ha aprobado un brutal sablazo tributario sobre los ciudadanos que prácticamente alcanza los 200 millones de euros. Por un lado, el aumento del Impuesto de Plusvalías pretende recaudar 100 millones de euros adicionales en 2017; por otro, la subida del IBI busca rapiñar 89 millones extra. A ambos tributos hay que sumar, además, otras tasas que ya fueron anunciadas durante los meses anteriores como el gravamen a los vehículos de tracción mecánica o a los cajeros bancarios. En suma, pese a la escasa capacidad tributaria del consistorio (los municipios españoles apenas cuentan con autonomía fiscal para modificar importantes figuras impositivas y, además, la filial de Unidos Podemos no cuenta con mayoría absoluta), Ahora Madrid se ha caracterizado por una voracidad casi sin límites. Horroriza siquiera imaginar qué sucedería si fueran capaces de tomar el control del Gobierno de España y de muchos otros ejecutivos autonómicos.

Los pensionistas y poder adquisitivo

Las pensiones tan sólo se revalorizarán un 0,25% durante 2017 pese a que el IPC aumentó en 2016 el 1,5%. Esto significa que los pensionistas verán mermadas sus pensiones reales en un 1,25%. A efectos prácticos, pues, es como si el gobierno hubiese aprobado un recorte nominal de estas rentas. Pero no ha sido necesario: el repunte inflacionista le ha hecho el trabajo sucio al Ejecutivo. PSOE y Podemos llevan meses reclamando que las pensiones vuelvan a indexarse al IPC para evitar este tipo de pérdidas de poder adquisitivo. Pero, por desgracia, el enorme (y creciente) déficit de la Seguridad Social hace inexorable que las pensiones sean recortadas, o bien de manera transparente (con bajadas en su importe nominal) o bien por la puerta de atrás (a través de su dilución inflacionista). Simplemente, no hay forma de cuadrar las cuentas sin rebajar el gasto en pensiones: una espiral de tijeretazos que a lo largo de las próximas décadas no hará más que acelerarse. Es el defecto inherente a los sistemas públicos de pensiones en países con perfiles demográficos regresivos.

Hacienda y la cláusula suelo

La sentencia del Supremo de 2013 que declaró la nulidad de las cláusulas suelo se basaba en argumentos jurídicos poco defendibles, como que el hipotecado no sólo tenía que conocer la existencia de tal estipulación contractual (punto que el Supremo no puso en duda que se cumpliera en la inmensa mayoría de casos) sino también ser capaz de visualizar los diferentes escenarios futuros derivados de aceptar esa cláusula. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE extendió la nulidad decretada por el Supremo al momento inicial de suscripción de la hipoteca: esto es, se entendía que la cláusula jamás existió y que, por tanto, todas las cantidades abonadas de más por el hipotecado debían serle reintegradas por el banco. Más allá de la polémica jurídica de fondo, habrá un claro beneficiario de esta sentencia: la Hacienda española. La devolución supondrá una entrada de ingresos extraordinarios para los hipotecados que Montoro, como ya se ha encargado de deslizar, gravará convenientemente a través del IRPF. Nunca dan puntada sin hilo.