Las otras «prisiones»

A raíz de dos hechos recientes ha aflorado una vez más ese discurso radical que iguala la libertad de personas y animales. Me refiero a la anulación de la prohibición de los toros en Cataluña y al motín en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid. Esa mentalidad parece considerar que estamos ante dos colectivos de «vivientes», indistintos, a los que se aplica la misma lógica.

No fabulo y así, por ejemplo, para la izquierda radical y animalista los zoos son cárceles y un torero es un asesino, lo que contrasta con sus miramientos hacia los etarras, cuya faz criminal queda difuminada en una etérea y equívoca reflexión sobre no se qué discurso político-democrático. Me pregunto qué dirían si ETA no fuese una banda de raíz marxista. Pero ahora no quiero hablar de animales, del animalismo ni de animalistas, sí de la libertad de las personas por obvias razones de sensatez y salud mental.

Como digo, el motín de Aluche ha puesto de actualidad el internamiento de extranjeros ilegales, una forma de privación de libertad ajena a la paradigmática cárcel; además, habría que añadir –sin ilegalidad mediante alguna– el ingreso forzoso en centros psiquiátricos de personas dementes. Respecto de esta privación de libertad no era raro oír hace años cómo la psiquiatría progresista sostenía que los cuerdos están en los psiquiátricos y los dementes fuera, lo que ilustraba con las crónicas terribles de antiguos manicomios inhumanos.

Esos internamientos forzosos en centros psiquiátricos los prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo cito como ejemplo, sin que haya especial problema social o político: al menos no parece que, por ahora, atraiga a los demagogos. Bajo la tutela del Ministerio Fiscal, lo que haya de anomalía jurídica es controlable, tanto judicialmente como por el Tribunal Constitucional, tal y como muestran sus recientes sentencias de este año, en especial por defectuosa asistencia jurídica.

Pero lo que sí da bazas a la demagogia son los centros de internamiento para extranjeros, que no son cárceles porque en ellos ni se cumple pena alguna ni se está en prisión provisional por un delito. Su finalidad se limita a garantizar la presencia del extranjero mientras que se tramita el expediente administrativo de expulsión, devolución o regreso y la ejecución de la decisión que se dicte. Sin embargo, el discurso radical sobre las libertades –que no sé si repudia la cárcel del disidente o su encierro en un manicomio de aroma soviético–, sí exige el cierre de esos centros, según Podemos porque «constituyen una anomalía del sistema democrático».

Ya en su momento, el Tribunal Constitucional declaró su compatibilidad con la Constitución: no se trata de una suerte de privación de libertad administrativa –expresamente prohibida por la Constitución–, pues exige autorización judicial, luego la libertad no queda en manos de la Administración, sino bajo decisión y control del juez, que interviene para tutelar la libertad del internado. Además, el internamiento no puede exceder de 60 días, mientras que en otros países europeos puede llegar al año y medio y, según el Ministerio del Interior, la media de estancia está en los 24 días.

El reglamento que regula esos centros de internamiento fija los derechos y deberes, y cosa distinta es el mal uso que se haga del internamiento, por ejemplo, si llegado al término no se expulsa o devuelve al extranjero y queda en libertad. En este caso no se cumpliría el fin del internamiento –un instrumento para la expulsión– y se convierte realmente en un centro de privación de libertad, salvo que esa libertad sea exigible para no rebasar el plazo máximo cuando el extranjero recurre su expulsión y se suspende su ejecución. Otro aspecto de ese mal uso afecta ya a las condiciones de los internados (masificación, dificultades para ejercicio de derechos, etc.) y los posibles abusos policiales.

Pero el planteamiento radical es eso, radical, y no piensa en resolver anomalías sino en suprimir los centros de internamiento pretextando la libertad de los extranjeros, una libertad que no pasa de coartada cuando lo relevante es que ha dado con un tema que permite crear tensión, algo ideal cuando la agitación, la propaganda y la demagogia son las armas de acción política.