Pensiones públicas: los recortes que vienen

La Seguridad Social registrará este año un déficit récord de 19.000 millones de euros y su Fondo de Reserva se agotará a lo largo del próximo año. No se trata de pronósticos agoreros dirigidos a empañar el clima de recuperación de la economía española, sino de unas previsiones que suscribe incluso el mismísimo Gobierno de España. Así pues, ya no cabe ninguna duda –ni siquiera entre quienes se empeñaban en negar la realidad de nuestro sistema de pensiones– de que la hucha de los jubilados se esfumará a lo largo de los próximos doce meses engullida por nuestro gigantesco desequilibrio presupuestario. Es el momento, pues, de extraer las pertinentes lecciones de este desafortunado caso.

Primero, el Fondo de Reserva se agota tras un lustro de persistentes y crecientes déficits en la Seguridad Social. No es el resultado de un accidente súbito acerca del que no cupiera margen de maniobra alguno, sino de la consolidación de un agujero que no se corregirá por sí solo y que requiere de una reforma en profundidad de todo el sistema.

Segundo, precisamente porque la Seguridad Social necesita de una reforma en profundidad, la hucha de las pensiones debería haberse utilizado para facilitar dicha reforma: no para retrasarla, sino para implementarla. Sin embargo, una vez desaparecido el capital del Fondo de Reserva, los españoles habremos perdido ese instrumento que podría haber facilitado el cambio.

Tercero, el próximo Ejecutivo tendrá que afrontar esa reforma pendiente sin el auxilio del Fondo. Es verdad que, de manera silenciosa y de tapadillo, ya se prevé que las pensiones públicas sufran importantes recortes a lo largo de las próximas décadas: la inflación irá devorando su poder adquisitivo, dado que no se revalorizarán más del 0,25% anual; a partir de 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad que contribuirá a recortarlas conforme aumenta la esperanza de vida; y, por último, la base de cotización máxima previsiblemente seguirá creciendo a mayor ritmo que la pensión máxima, arrastrando al sistema desde la contributividad a la asistencialidad. Pero, a pesar de todos estos recortes que ya están programados, será necesaria otra vuelta de tuerca que o bien incremente los ingresos o bien reduzca adicionalmente los gastos.

Todo indica que el Gobierno, como de costumbre, tratará de combinar una mayor exacción a los ciudadanos con un nuevo tijeretazo a los futuros pensionistas. La mayor exacción vendrá en forma de nuevos impuestos dirigidos a financiar específicamente las pensiones de viudedad y orfandad (cuyo gasto anual asciende a más de 21.000 millones de euros, importe idéntico al del déficit de 2016). El nuevo tijeretazo llegará en forma de peores condiciones de acceso a la jubilación: conclusión de la vida laboral a los 70, cálculo de la base reguladora mediante la media de los salarios de toda la vida laboral y la exigencia de 40 años de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora. A medio plazo, las pensiones públicas españolas tendrán que bajar desde un importe equivalente al 80% del sueldo medio durante a menos del 50%, esto es, tendrán que equipararse en términos relativos con las de los países europeos.

Sin embargo, los ciudadanos de la mayor parte de Europa cuentan con pensiones privadas complementarias de las públicas, cosa que no sucede en el contexto español. Ésa es, de hecho, la auténtica reforma que debería afrontar el sistema previsional español: la de avanzar poco a poco hacia un modelo de capitalización donde la jubilación no dependa de la errática demografía sino del ahorro a largo plazo de la sociedad.

El coste del rescate

El presidente del Frob, Jaime Ponce, reconoció esta semana pasada que la institución ha recuperado hasta el momento menos del 10% de todas las ayudas inyectadas al sistema financiero. En el mejor de los casos, podría llegar a recobrar durante los próximos años entre el 20% y el 25% del total, arrojando unas pérdidas cercanas a los 35.000 millones de euros, es decir, unos 2.000 euros por familia española. Acaso muchos consideren que esta cantidad es bastante modesta al lado del desastre que podría haber generado una quiebra general de la banca española. Sin embargo, la alternativa real al rescate a costa del contribuyente no era una liquidación desordenada de las entidades financieras, sino un rescate a costa de los acreedores, esto es, la imposición de quitas a los inversores en los pasivos financieros de las cajas para que fueran ellos quienes soportaran el coste de sus errores e imprudencias. Por desgracia, no quiso seguirse este camino y, finalmente, lo pagaremos con tan notable mordida.

Más estímulos del BCE

El presidente del BCE, Mario Draghi, ha confirmado lo que era un secreto a voces: la política monetaria expansiva del banco central se prolongará más allá del mes de marzo, fecha en la que se había proyectado su conclusión. El italiano prometió el jueves pasado que alargaría su programa de flexibilización cuantitativa tanto tiempo como fuera necesario para que surtiera efectos. El problema es que los efectos todavía no han llegado tras casi dos años en vigor y no es casualidad. Las auténticas deficiencias de fondo de la economía europea no derivan de su falta de acceso a la liquidez –del todo sobreabundante–, sino de la escasa propensión de la mayor parte de familias y empresas a endeudarse. ¿Y por qué familias y empresas no desean endeudarse? Pues o porque todavía están muy endeudadas o porque no hay suficientes oportunidades para invertir. Las carencias que deberían solventarse son justamente esas: dopar con financiación barata la economía no constituye remedio alguno, sino una forma de enmascarar las auténticas dificultades.

El autobloqueo de la UE

El Gobierno de Canadá ha dado por concluidas las negociaciones de su tratado de libre comercio con la Unión Europea debido al bloqueo ejercido por el Estado belga y, más en concreto, por la región de Valonia. La suscripción del tratado requiere el concurso de todos los países europeos y, en el caso de Bélgica, de todas sus regiones: finalmente, empero, la región de Valonia ha ejercicio un veto sobre el conjunto de la UE, impidiendo el acuerdo. El fracaso de las negociaciones ilustra a la perfección por qué la UE se ha terminado convirtiendo en un obstáculo en lugar de en un instrumento de coordinación eficaz: lejos de facilitar una liberalización descentralizada de cada unidad administrativa, la megaburocracia europea ha impuesto una acción concertada de todos los niveles administrativos de Europa para negociar con el Gobierno canadiense. El enfoque debería ser otro: apertura exterior unilateral salvo para aquellas regiones que expresamente se opongan y decidan mantenerse en un régimen semiautárquico. Que la cerrazón de algunos no se generalice a todos.