Proclamación de Felipe VI

Una nueva estrategia para la Seguridad Nacional

Una nueva estrategia para la Seguridad Nacional
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El pasado día 22 de julio culminó su tramitación con dictamen ampliamente favorable de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional y en consecuencia se ha remitido al Senado para también su preceptiva tramitación.

Desde el anterior Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se viene actualizando el concepto de Estrategia de Seguridad Nacional que se plasmó en el 2011 en una revisión de la, en aquella época, vigente Estrategia Española de Seguridad y que con posterioridad ya con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy en el 2013 dio lugar a la actual Estrategia de Seguridad Nacional que, elaborada por un amplio grupo de expertos cualificados, fue conocida por el Congreso de los Diputados y que en el transcurso de los dos últimos años ha inspirado la forma de proyecto de ley que da título a la presente comunicación periodística.

En la actual estrategia de Seguridad Nacional se reflejan los riesgos y amenazas en este mundo actual en el que la globalización de la economía viene acompañada por la globalización y dimensión planetaria de los riesgos más diversos en los que podamos pensar que puedan afectar a los ciudadanos y al Estado. En consecuencia la Estrategia preventiva identifica los riesgos y amenazas actuales a la vez que a partir de los respectivos análisis se configuran las líneas de actuación estratégicas que optimizando todos los recursos disponibles afectos a las diferentes instituciones terminen configurando un nuevo sistema de Seguridad Nacional.

Hoy definimos la Seguridad Nacional como la acción de Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España, sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a los países aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

No olvidemos que la Constitución Española en su preámbulo establece claramente que para «promover el bien» es necesario «establecer» los tres pilares esenciales de justicia, libertad y seguridad, en los que se debe consustanciar la convivencia democrática, el orden económico y social, el imperio de la ley, los derechos humanos, el progreso de la cultura y de la economía y una relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra y en ella se declara como derecho fundamental y factor clave del orden político y la paz social, la dignidad de la persona.

Derivado de ello, la promoción del desarrollo político, social y económico, junto con el fortalecimiento del Estado de Derecho con el ejercicio del imperio de la Ley, se convierten en el eje básico del pensamiento estratégico a nivel global. Este escenario global ha cambiado espectacularmente en los últimos treinta años, la globalización y la libertad de acceso a los mercados y al comercio mundial han aumentado la fragilidad de las economías de unos países mientras que las de otros han crecido espectacularmente a la vez que se ha despertado el interés político global gracias a las tecnologías de la información.

Las personas hoy en día contamos con mayores opciones y hábitos de movilidad para desarrollarnos, pero a la contra, también con las mismas posibilidades para desarrollar proyectos contra el bien común. Los riesgos a los que estamos sometidos actualmente proceden de nuevos escenarios, adoptan formas distintas y en consecuencia las vulnerabilidades se diversifican y acrecientan. Por ello, en paralelo, el concepto de seguridad ha dejado de tener el significado predominantemente político y militar que tenía en décadas pasadas, ligado casi exclusivamente al terreno de la defensa. Actualmente el concepto de seguridad es mucho más amplio, dinámico y multidisciplinar en el que convergen todos los aspectos a proteger, todos los que puedan acabar afectado a la libertad, al bienestar y al progreso de las sociedades. A los aspectos más tradicionales de la defensa y seguridad pública se suman otros que paulatina y progresivamente se han ido incorporando a la configuración de este otro concepto moderno y actual de la seguridad.

Ámbitos como son el desarrollo de las nuevas tecnologías, la producción o el suministro de la energía o la grave amenaza que afecta a toda la humanidad vinculada al calentamiento de la capa atmosférica circundante a la tierra, todos ellos potenciales causantes de inestabilidades sociales, tendrán que ser objeto de análisis y seguimiento que conduzcan a la toma de decisiones con el objeto de disminuir el efecto nocivo que podrían producir en nuestro país. Seamos conscientes pues de que nos encontramos ante un escenario mucho más complejo de aquel al que nos podría conducir una pobre y simple reflexión como la que han hecho algunos grupos parlamentarios en el Congreso al fijar posición ante el proyecto de ley que nos ocupa. Estamos ante un escenario complejo del que en definitiva se ha de derivar el que la seguridad en un mundo interdependiente y globalizado ha de ser concebida como un modelo integral y en un contexto marcado por el dinamismo y la inmediatez capaz de ofrecer respuestas ágiles y casi automáticas. Preservar la seguridad es prevenir riesgos y en consecuencia anticiparse a la aparición de los mismos.

El proyecto de ley de Seguridad Nacional potencia la cooperación con las Comunidades Autónomas, obliga a la creación en las Cortes Generales de una Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional ante la que obligatoriamente comparecerá el Gobierno y en sus diferentes Títulos vertebra la «gestión de crisis» y la amplia contribución de recursos.Consiguientemente con su vertebración como Ley se aporta una notable contribución a nuestro asentamiento en la actual realidad mundial.

José Segura Clavell es diputado socialista en el Congreso