Por una formación de calidad

Después de un año de preparación, el Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de reforma de la formación profesional. El nuevo sistema supone un cambio en profundidad respecto al vigente, tanto en el modelo de gestión como en la transparencia del uso de los recursos. La preparación de esta reforma ha coincidido con el millonario fraude destapado en Andalucía y que ha afectado a diversos niveles de la Administración y agentes sociales, por lo que a la hora de realizar la nueva ley era difícil no verse afectado por este caso de corrupción, que ha estado muy presente en las negociaciones de patronal y organizaciones de trabajadores. Uno de los aspectos más destacados de los nuevos cursos de formación es que su gestión dependerá de manera directa del Ministerio de Empleo –con la participación de las comunidades autónomas–, de manera que sindicatos y empresarios ocuparán un papel menor en la administración económica de los cursos. El fraude sobre la formación investigado ahora en Andalucía dejó en evidencia sobre todo un sistema ineficaz y clientelar. Baste citar un dato que aportó ayer la ministra Fátima Báñez: según la Fundación Tripartita, el organismo en el que participan Gobierno, sindicatos y patronal, en seis de cada diez trabajadores empleados, la formación recibida no había influido en nada en su colocación. Invertir esta tendencia y que los cursos sean una verdadera herramienta para la creación de empleo de calidad es el objetivo de la ley. Y un ejemplo más: el Tribunal de Cuentas había llegado a detectar que una sola persona había llegado a realizar 150 cursos en un solo año. Por contra, el dato positivo es que el salario medio oscila en función de la formación del trabajador, a la vez que aumenta la empleabilidad. La calidad y eficacia de los cursos es el primer objetivo del nuevo modelo de formación, que, además, estará sometido a un proceso de evaluación permanente bajo el objetivo de «tolerancia cero contra el fraude». Con tal fin se creará una unidad especial de inspección que asegure la transparencia. Las sanciones por fraude también aumentarán –con multas que, por falsificación de documentación, oscilan entre 6.251 y más de 180.000 euros– y, otra novedad, si se detectase alguna irregularidad serán responsables solidarios todos los que hayan participado en la organización (centro educativo, empresa y solicitante de la ayuda). La ministra de Empleo ha defendido que, aunque la patronal ha sido relegada en las tareas de gestión del plan de formación, su criterio está presente en la nueva ley. Se abre de esta manera un sistema de libre concurrencia que evite que los agentes sociales sean arte y parte. La formación es una pieza clave en la creación de empleo de calidad y este sistema debe contar con la complicidad de los agentes sociales.