Dice el artículo 31.1 de nuestra Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Desde que se aprobó nuestra Carta Magna los contribuyentes españoles hemos padecido una enorme subida en la presión fiscal, que medida por el gasto público en porcentaje del PIB pasó del 25 % al 50 % en 1993, bajó después algo con Aznar y más tarde con Smiley, lógicamente, subió. Desde luego no ha sido nuestra Constitución un valladar eficaz sino más bien al contrario, porque está repleta de esos “derechos” que tanto gustan a Smiley y que no hay forma de satisfacer sin subir los impuestos. Y tras esa hipertrofia del uso alternativo del derecho típico de los tiempos modernos los impuestos efectivamente subieron, pero, eso sí, nos dejaron parte de nuestra propiedad, con lo cual no cabe alegar técnicamente que han sido confiscatorios. ¿Brinda, pues, la Constitución Española alguna garantía a los ciudadanos frente a las usurpaciones del poder político? La verdad es que no. Todo el lenguaje meloso de los “derechos” anima a más y más recortes de nuestra libertad y nuestro dinero. Y este bendito artículo ha servido y sirve a los socialistas de todos los partidos como argumento supremo para sostener que los impuestos en ningún caso deben ¡bajar!