Hace tres años pasé en Afganistán diez días. Me invitó Estados Unidos y en unas de las jornadas tuve la oportunidad de entrevistarme con el general David Mckiernan, a quien luego sucederían, al frente de la coalición, McChrystal y Petraeus. En el rato que estuvimos hablando, el general me argumentó que la tropas internacionales necesitarían estar en aquel país unos veinte o treinta años, es decir, prácticamente una generación, para cambiar la mentalidad de los afganos. Ese cambio no iba dirigido tanto a amoldarlos a conceptos occidentales como a sacarlos de su arraigo en la guerra constante. La esperanza de vida en Afganistán es de unos 40-45 años, por lo que la mayoría de la población actual ha vivido siempre en una guerra más o menos cruenta según qué época. Ese espacio de 30 años permitiría, según la tesis de Mckiernan, que una generación de afganos crecería en algo parecido a la paz, o al menos en una mentalidad generalizada de construirla. Entonces sería el momento de darles totalmente la autoridad de su país porque al mismo tiempo habría habido un margen para crear una estructura suficiente de Estado y unas infraestructuras que permitieran abrir las puertas al desarrollo de un país instalado en el medievo.

Ahora el plazo es de dos años. En 2014 no debería quedar ni un solo soldado extranjero en Afganistán. La OTAN tembló cuando vio que su apuesta más difícil podía salirle rana e imprimió a la «afganización» un ritmo acelerado. Pocos creen que en ese plazo los afganos puedan hacerse cargo verdaderamente de su país sin que se genere otro foco de inestabilidad en una zona en constante zozobra.

España se unió a ese calendario como el resto de aliados y según los planes que dejó Chacón, los primeros soldados debían salir de allí en el primer semestre de este 2012. Morenés ha retrasado ese plazo hasta después del verano. No ha visto clara esa premura sobre todo porque aún queda mucho trabajo por hacer y ha preferido, ajeno a marcajes políticos, hacer las cosas con más calma. Ni siquiera el comprensible aspaviento de Sarkozy tras el asesinato de cuatro de sus soldados ha modificado un milímetro el planteamiento del ministro de Defensa: revisar, estudiar, analizar, escuchar a los militares y decidir.

En Badghis, provincia bajo control español, hay datos que invitan a cierta esperanza. Unos 1.200 insurgentes han entregado sus armas y el cultivo de opio ha descendido. En el «debe» está que aún no se ha concluido ninguna de las dos rutas (la Lithium y la Ring Road) que se subrayan como un hito fundamental para la provincia, ni se ha controlado el peligroso valle del Murghab. En febrero, los americanos que tan eficaz trabajo hacían en la provincia se retiran. España e Italia, junto al Ejército afgano, deberían asumir las labores que abandona Estados Unidos (especialmente las de eliminación de insurgentes y las operaciones especiales) y eso, al fin y al cabo, es una decisión política.

A los soldados españoles, que son quienes hacen el trabajo y sufren las consecuencias, les queda una ardua tarea por delante pese al mucho y muy bueno que han hecho ya. Las decisiones políticas marcarán la línea del futuro de nuestra misión allí, pero sobre todo deberían centrarse en el respaldo absoluto a cada soldado que esté sobre el terreno porque no vienen tiempos fáciles en aquellos lares. Respaldo no sólo en darles el mejor equipo posible, en velar por su seguridad, en cuidar de sus familias, sino también en que la sociedad entienda la importancia de que estén allí, de que llevemos allí diez años, la trascendencia de cada vida que se quedó en Afganistán, de cada desvelo de quienes hoy están en el puesto avanzado de Ludina o en el de Darra-e-Bum. Y claro está, en reconocer hasta la extenuación, la ejemplaridad y la entrega que demuestran cada día en su labor.

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