La financiación autonómica me entristece por partida cuádruple. En primer lugar, por su desprecio obsceno hacia el que paga la cuenta. Mientras hierve el colectivismo más demagógico nadie tiene el detalle de respetar al contribuyente. Al contrario, el pagano es abiertamente insultado, porque se habla de lo bueno que es Smiley al haberle dado tanto dinero a tal autonomía o a tal otra, como si el dinero fuera suyo y no les fuera arrebatado a los ciudadanos por la fuerza. En segundo lugar, me parece lamentable la hipertrofia de los argumentos vaporosos que justifican la violación de las libertades individuales en aras de unos supuestos objetivos sociales que no son más que disfraces de la política. Así se explican tanto las absurdas proclamas de justicia y solidaridad, y las múltiples razones por las cuales las autoridades autonómicas reivindican usurpar un porcentaje mayor del dinero del pueblo, como los favoritismos que revelan que todo esto obedece a una estrategia dominante: mantener el poder a cualquier precio, sobre todo si el precio lo paga otro. Curiosa teoría sociológica: suben los impuestos y Smiley se ufana de la mayor “cohesión”. En tercer lugar, me aflige la fundamental insolubilidad de la cuestión. Quiero decir, se suponía que las autonomías fueron concebidas teóricamente para propiciar la libertad de los ciudadanos, permitiéndoles controlar mejor un poder que les resultaría más cercano. El resultado ha sido justo el contrario. Las autonomías se han vuelto un mecanismo diabólico para la expansión del poder. Vistas como entes gastadores pero no recaudadores, son una suerte de Papá Noel que tiende a favorecer la permanencia de los partidos que gobiernan y a aumentar el gasto sin límite, porque es, cómo no, un gasto “social”. Es decir, político. Y en cuarto y último lugar, me entristece el desaseado papel de un PP incapaz de articular un discurso coherente en contra de la coacción fiscal, ante el infinito y descarado regocijo de Smiley y sus secuaces.