miércoles, 24 mayo 2017
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Religión

Religión / Abusos a menores

La diócesis tendría que pagar por los abusos de «Los Romanones»

Casa en la que supuestamente se produjeron los abusos sexuales a menores por parte del Clan de los Romanones.
Casa en la que supuestamente se produjeron los abusos sexuales a menores por parte del Clan de los Romanones.
Alberto R. Roldán

El Juzgado de Instrucción de Granada que investiga el caso sobre los presuntos abusos sexuales a menores cometidos por varios miembros de «Los Romanones» ha decidido atribuir la responsabilidad civil subsidiaria al Arzobispado de Granada, según informó ayer el Poder Judicial. El magistrado considera en su auto que los imputados, por su condición de sacerdotes, dependían del Arzobispado. Así, señala que «precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial».

Ahora bien se trata de responsabilidad subsidiaria; es decir, que, en caso de que los sacerdotes sean considerados culpables, «el Arzobispado responderá económicamente sólo si ellos no lo hacen, al ser insolventes o al no haber forma de ejecutar la indemnización vía bienes inmuebles de los imputados», explica Luis Romero, socio director del bufete Luis Romero & Asociados. En cuanto a la cuantía, «no suele ser muy elevada. Al ser un caso más conocido, como mucho serán 50.000 euros. Pero lo normal, y tirando por lo alto, serían 30.000 euros en total para los dos denunciantes», añade.

«Esperábamos esta decisión de la que no hemos tomado parte», afirma Javier Muriel, abogado de Román Martínez, el principal imputado. Al ser preguntado por Román, explica que «está apesadumbrado. Es una pesadilla que se está alargando en el tiempo».

Examen psicológico

Y es que «aún no hay fecha para el juicio, ya que quedan diligencias por practicar. El primer denunciante ha sido de nuevo citado para que se someta el 2 de noviembre a un reconocimiento por dos psicólogos forenses», avanza. De no hacerse, podría sufrir un perjuicio procesal y probatorio, como ya le advirtió el juez en julio si volvía a negarse a ser examinado. Pero antes, el 15 de septiembre, será la vista para decidir si han prescrito o no algunos de los delitos.

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