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Desarticulada una banda que traficaba con personas desde hace más de 10 años

Para facilitar su entrada y salida en el espacio Schengen elaboraban documentos de viaje falsos en un laboratorio en Grecia

Imagen del dinero incautado
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El principal responsable dirigía los traslados de los inmigrantes por diferentes estados de la Unión Europea, mientras que su hermano se encargaba de la elaboración y distribución de las documentaciones falsificadas.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con agentes belgas y griegos, coordinados por Europol, han desarticulado una organización que llevaba más de diez años favoreciendo la inmigración ilegal de ciudadanos procedentes de Siria, Irak o Afganistán -en la mayoría de los casos con destino a distintos países del norte de Europa-, mediante el uso de documentos de viaje falsos. Contaban con un laboratorio en Grecia donde elaboraban documentos falsos de viaje. El principal responsable dirigía las operaciones de traslado de inmigrantes por diferentes estados de la UE, mientras que su hermano se encargaba de la elaboración y distribución de los documentos falsos. Cada documento falso proporcionaba un beneficio de más de 2.000 euros a la organización, beneficios que podía incrementarse si los trasladados solicitaban la colaboración de un "pasador"para el cruce de fronteras. El operativo se ha saldado con siete detenidos en Madrid y otro más en Atenas.

La investigación comenzó hace casi dos años cuando fue detenido un miembro de la organización, que ejercía como correo entre Atenas y Madrid transportando documentación falsificada, a instancias del que después resultó ser el principal responsable de toda la trama. Las investigaciones en torno al mismo llevaron a los agentes hasta otros miembros de la red y a los distintos países por los que se movían. Así, con la colaboración de agentes de los diferentes estados implicados, se pudo conocer el modus operandi empleado por los investigados.

Entre 2.000 y 3.000 euros por un pasaporte o visado falso

La organización se dedicaba a la captación de inmigrantes procedentes de Oriente Medio, principalmente afganos, sirios e iraquíes, a los que introducían a cambio de dinero en el espacio Schengen utilizando documentación falsificada que ellos mismos elaboraban, con destino a distintos países del norte de Europa. Un pasaporte o visado falsificado podía costar a cada inmigrante una media de entre 2.000 y 3.000 euros, coste que se podía ver incrementado si solicitaban la colaboración de un "pasador"de la organización para ayudarlos en el cruce de fronteras.

Los pagos por los servicios prestados se realizaban a través de empresas de transferencia de dinero, a nombre de terceras personas, con la finalidad de impedir la vinculación del dinero con los miembros de la organización.

Diez años de actividad

Los investigadores comprobaron que la organización llevaba actuando más de diez años y que estaba liderada por un ciudadano de origen sirio, que se encargaba -desde España o Bélgica, donde residía alternativamente para dificultar su detección por parte de la policía-, de supervisar las operaciones de traslado de los inmigrantes por los distintos países europeos por los que transitaban hasta su destino final. Para facilitar su movilidad geográfica dentro y fuera del espacio Schengen, tanto él como otros miembros de la organización disponían de residencia legal o incluso la nacionalidad de algún país europeo. Esto además favorecía los contactos entre los miembros de la organización asentados en Europa y los inmigrantes procedentes de Oriente Medio.

Otro de los pilares de la organización era el hermano del líder que, asentado en Grecia, se encargaba de confeccionar los pasaportes y visados falsos que posteriormente eran distribuidos desde allí por los países de Oriente Medio de los que procedían los inmigrantes.

Agentes españoles, belgas y griegos, coordinados por Europol, han realizado simultáneamente cinco registros domiciliarios en Madrid, dos en Atenas y uno en Bruselas, en los que han intervenido más de 100.000 euros en efectivo, documentación bancaria, justificantes de empresas de transferencia de dinero, soportes informáticos y dispositivos móviles cuyo contenido está siendo analizado por expertos, así como numerosos documentos de viaje. Además de los registros se llevó a cabo la detención de ocho personas, entre ellas los dos principales responsables que, por orden de la autoridad judicial, han ingresado en prisión.