El «falso shaolín», culpable de asesinato sin ensañamiento

El jurado lo considera culpable con alevosía, aunque no aprecia ensañamiento en uno de los crímenes. Será condenado a entre 30 y 40 años de cárcel y no podrá acceder a beneficios penitenciarios ni ser indultado.

El jurado declaró ayer a Juan Carlos Aguilar, «el falso monje shaolín», culpable de asesinar con alevosía a Yenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años, y a Maureen Ada Otuya, nigeriana de 29 años, el 25 de mayo y el 2 de junio, respectivamente, tras recogerlas en su vehículo en la calle General Concha de Bilbao y llevarlas a su gimnasio. No obstante, rechazó que hubiese ensañamiento en el caso de Otuya, al considerar que no aumentó «deliberada ni inhumanamente el dolor de la víctima», según informa Ep. El magistrado-presidente deberá ahora redactar la sentencia en la que determinará los años a los que será condenado el acusado, entre 30 y 40. Además, no podrá acceder a beneficios penitenciarios ni ser indultado, tal como ha decidido el tribunal popular.

La portavoz del jurado, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, fue la encargada de dar lectura al veredicto, por el que el tribunal popular, por unanimidad, considera a Aguilar culpable «de haber dado muerte» a Yenny Rebollo y Ada Otuya, sin que las víctimas hubieran tenido la posibilidad de defenderse».

Siete de los nueve miembros del jurado estimaron que «el falso shaolín» es «no culpable de haber dado muerte a Otuya aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima», rechazando, de esta forma, el agravante de ensañamiento. Sólo dos de los jurados estimaron que Juan Carlos Aguilar se ensañó en el asesinato de la joven nigeriana.

El procesado permaneció con los ojos semicerrados durante la lectura del veredicto, de costado y con una mano sosteniendo la mejilla izquierda, en postura similar a la que ha mantenido durante toda la vista oral.

«Lo reconozco todo»

Durante el juicio, que se celebró entre los días 17 y 22 de abril en el Palacio de Justicia de Bilbao, y a preguntas del fiscal, el propio procesado reconoció, con una respuesta afirmativa o negativa, los hechos relatados por el fiscal en su escrito de acusación, en el que pedía un total de 40 años de prisión por dos asesinatos con alevosía. «Lo reconozco todo», aseguró el acusado, en la frase más larga que pronunció en la vista oral. De esta forma, admitió que el 25 de mayo, sobre las 3:20 de la madrugada, cuando circulaba con su coche, un Mitsubishi, por la calle General Concha de Bilbao, apareció Jenny Rebollo. Como un hombre estaba molestándola, la víctima se subió a su vehículo y se dirigieron juntos al gimnasio ZEN 4 que él regentaba, ubicado en la calle Máximo Agirre. Una vez en el local, le ató las muñecas con cuerdas y bridas, y la agredió hasta matarla. Además, le propinó puñetazos y patadas. En los días posteriores, descuartizó el cuerpo sin vida de Rebollo y guardó parte del cadáver, mientras que se «deshizo del resto». Sobre las seis de la mañana del 2 de junio, el fin de semana siguiente al crimen de Yenny Rebollo, Aguilar acudió a las inmediaciones del bar «Canei», de la calle General Concha y contactó con Maureen Ada Otuya «para mantener relaciones sexuales». Pasado un tiempo en el gimnasio, ella intentó escapar y huyó hacia la puerta del establecimiento, pero él la llevó de nuevo hacia el interior. En un habitáculo, la ató por las muñecas y el cuello, y la estranguló utilizando cuerdas, bridas y cinta carrocera.

La abogada del acusado entregó en la Audiencia Provincial de Bizkaia hace más de un mes un escrito –que fue leído en el juicio– firmado por el «falso shaolín» con este relato de los hechos. En él, Aguilar aseguraba que cometió los dos crímenes de manera «súbita, imprevista e inesperada»,sin dar oportunidad a las víctimas a defenderse.

La familia, «muy decepcionada»

La letrada de Clara Campomor, que ejerce la acusación popular y el abogado de la familia de Ada Otuya, se mostraron «muy decepcionados» porque el jurado no haya considerado que ha habido ensañamiento en el asesinato de la joven colombiana de 29 años. Además, señalaron que, si es posible, recurrirán la sentencia que dicte en próximos días el magistrado-presidente. Maite Iturrate, la abogada de la acusación popular, manifestó que están «un poco apenados» porque no han logrado demostrar que se ha producido ensañamiento, pero expresó su «respeto y agradecimiento» al tribunal popular, «que ha estado bastante tiempo deliberando», a su juicio, porque «mantenía esa duda de si realmente podía existir o no» esa circunstancia agravante.