El final de la vida de Andrea, en manos de un juez

Dentro de unos días un magistrado de Santiago de Compostela tendrá que terminar con el conflicto entre los padres de la menor y sus pediatras.

El enfrentamiento entre la familia de Andrea Lago y el equipo pediátrico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se mantiene. Las posturas no han variado y el jefe de servicio, el doctor Martinón, junto al resto de pediatras de la unidad consideran que no se debe retirar la alimentación artificial a la menor, de 12 años, que sufre una enfermedad rara y degenerativa. La gerencia del hospital les apoya: «No se está practicando obstinación ni esfuerzo terapéutico», apuntó Luis Verde, gerente del complejo hospitalario, y subrayó que se está actuando «en la línea que marcan los principios de la buena práctica clínica» y de acuerdo con el auto que el juzgado de la Sala Sexta de Santiago pronunció el pasado julio. La decisión judicial a la que hace referencia Verde ampara la determinación de los médicos responsables del tratamiento de Andrea. Eso sí, el magistrado también planteaba la posibilidad de que se tuviera en cuenta la valoración del comité de ética del centro que, el pasado 14 de septiembre, se posicionó del lado de los padres y apoyó la retirada del soporte vital que la mantiene con vida.

«Están alargando el sufrimiento de nuestra hija», aseguraba Estela Ordóñez, su madre, hace unos días. «No queremos pasarnos ocho meses viendo a nuestra hija demacrada y cómo se le va su vida. Haremos todo lo posible. Todo el mundo sabe que está sufriendo», añadió su padre. Por eso, de nuevo vuelve a ser un juez el que debe decidir si se le debe retirar la alimentación a la menor o no. «De cara a salvaguardar los derechos de esta menor, y de acuerdo con el servicio de Pediatría, se ha procedido a poner nuevamente en conocimiento del Juzgado la situación actual, para ver si refrenda continuar con el plan terapéutico que autorizó en su momento en julio o si hay que llevar a cabo alguna modificación del mismo», explicó ayer el gerente. Y, como ha podido saber LA RAZÓN, desde el centro se espera que «en unos días» se pronuncie.

Por su parte, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, afirmó ayer que el Ministerio Fiscal «intervendrá, como siempre, en defensa de la legalidad», y es que, de acuerdo con la norma aprobada hace tres meses en Galicia, se deben limitar las medidas terapéuticas si eso sólo es causa de un mayor sufrimiento. Sin embargo, una de las principales claves de la norma es que se garantice la equidad a la hora de acceder a los cuidados paliativos, sin tener en cuenta que en Galicia no existen unidades específicas para que los menores puedan ser tratados. Una reclamación que hacen desde la unidad de cuidados paliativos.

Ayer, tras las declaraciones de diferentes sociedades médicas también valoraron la situación de Andrea desde el Ministerio de Sanidad. Su titular, Alfonso Alonso, aseguró que son los profesionales sanitarios y los jueces los que «tienen la palabra» y que «no existe ningún motivo» para desconfiar de la decisión que puedan tomar. Por su parte, el presidente de la Organización Médico Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, lamentó la situación de la menor de 12 años y aseguró que «es razonable» que unos padres pidan «que dejen morir en paz a su hija». El doctor subrayó que el Código Deontológico es «absolutamente claro» y de él se desprende que «la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas, o extraordinarias con la intención de evitar la muerte o alargar la vida a un paciente no es otra cosa que obstinación terapéutica».