«El niño Caleb», 263 días en la morgue

El pasado 5 de enero los Mossos d’Esquadra de Gerona entraron en la casa en la que vivían los Hopkins y localizaron el cuerpo sin vida de Caleb, un pequeño de siete años, que llevaba muerto al menos un mes. Desde entonces han transcurrido 263 días y el menor sigue sin haber recibido sepultura. Desde el pasado 15 de abril, a los Hopkins les habían permitido retirar el cuerpo del Instituto de Medicina Legal «porque los forenses ya no lo necesitaban para hacer más pruebas», tal y como explicó entonces el abogado de la familia Christian Salvador, de ACE Girona Advocats. De hecho, el día 16 del citado mes los progenitores Bruce y Schrell Hopkins, afroamericanos y naturales de Detroit, fueron a la funeraria Mémora para empezar con el procedimiento para poder enterrar a su hijo. Sólo faltaba que el Juzgado y el Consulado de EE UU se lo autorizase formalmente por carta, lo que sucedió ocho días después.

Parecía entonces que al menos el pequeño iba a poder recibir sepultura, un entierro, tal y como querían y siguen queriendo los padres. Sin embargo, entonces se torcieron aún más las cosas y Caleb sigue a día de hoy en el Instituto de Medicina Legal. El mismo lugar al que se le llevó en enero para que los forenses analizaran exhaustivamente si la muerte del menor había sido únicamente por un ataque de asma, tal y como afirman los padres, o si pudo haber habido algo más.

Pero tanto el primer informe forense como en el segundo no se pudo detectar nada a nivel toxicológico. «El primer informe concluyó que la muerte se debía a una causa natural y el segundo informe que se realizó a nivel toxicológico no halló restos de envenenamiento», recuerda Salvador. En concreto, el primer informe concluía que el pequeño había muerto al menos un mes antes de que los Mossos encontraran su cadáver y que Caleb no había muerto de forma violenta, motivo por el cual los padres, Bruce y Schrell Hopkins, de Detroit, continúan a día de hoy en libertad con cargos, imputados por homicidio imprudente.

El niño sigue en el depósito de cadáveres principalmente porque los padres ahora no tienen recursos. «El problema es que la empresa del padre se ha ido a pique por no haber tenido los equipos informáticos durante seis meses por culpa del mal funcionamiento de nuestro sistema judicial. Por eso, ahora el padre está trabajando en una granja porque al estar en situación irregular en España nadie le ofrece contrato. Un drama, la verdad», precisa el abogado de la familia.

Cabe recordar que Bruce es ingeniero informático especializado en Java y, hace unos años montó la empresa BT Software and Research con la que lanzó, junto a su cofundador, una aplicación móvil, Kaliki. En agosto de 2014 se vino con su familia a Gerona para expandir la empresa en Europa. Y de hecho fue su entonces socio, Tirrell Payton, el que, tras intentar contactar con él durante varios días sin obtener respuesta, se puso en contacto con el Consulado. El problema es que al pasar de ingeniero informático a empleado en una granja los recursos económicos se han ido esfumando y al no tener recursos, Caleb tendría que ser enterrado vía beneficiencia, «lo que supondría que a Caleb lo enterrarían en una fosa común, algo que es muy duro para la familia», precisa Salvador. «No quieren que sea una fosa común. Pero ella no tiene ingresos y él sólo los de la granja. Y el entierro cuesta unos 3.000 euros. No tienen dinero a día de hoy», hace hincapié el abogado. El letrado se siente impotente ante una situación en la que él ya poco puede hacer. Ha utilizado tanto la vía penal como la administrativa, y la civil contra la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) por la situación que ha generado el caso.

En cuanto a los otros dos hijos del matrimonio, Salvador puso en su día la demanda para que les retornaran la tutela. Pero desde la Dgaia han ido apurando plazos y aún no tienen copia del expediente. Así las cosas, el tiempo pasa. «A los hijos los siguen viendo dos veces por semana durante todo el día –en el centro de acogida Mas Garriga–. Pero ahora el asunto está aún más complicado por el trabajo del padre», que está fuera de Gerona, precisa Salvador.

Y es en Gerona donde los padres querrían enterrar al pequeño porque la idea de esta familia a la que se le caducó el visado era quedarse en España. Un caso, en definitiva, marcado por retrasos, problemas burocráticos e incluso por situaciones contradictorias, como es que unos padres pudieran ver en su día a sus dos hijos fuera del centro y sin supervisión cuando aún no estaba el informe toxicológico para esclarecer si había fallecido de muerte natural por culpa de un ataque de asma o por otros motivos, como el envenenamiento, que tiempo después fue descartado.

Terapia por estar con sus hijos

Bruce Hopkins y su mujer Schrell sólo desean recuperar a sus otros dos hijos. De hecho, además de denunciar para que les devuelvan la tutela, aceptan someterse a controles o al plan terapéutico que la Generalitat decida para ello. Sus hijos –Lydia y Bruce– no comprenden por qué si sus progenitores han sido puestos en libertad con cargos no pueden estar con ellos. Los cargos son graves: homicidio imprudente. De hecho, tan grave que resulta incomprensible cómo a las llamadas diarias y las visitas al centro les siguieron las salidas sin supervisión. La primera, el 31 de enero, cuando aún no estaba hecho el informe toxicológico.