Tribunales

La fiscal del juicio a La Manada: «Fue una violación conjunta y organizada»

Elena Sarasate ha señalado que «ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil», por lo que ha ratificado su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno.

Los acusados de violación grupal en los sanfermines de 2016.
Los acusados de violación grupal en los sanfermines de 2016.larazon

Elena Sarasate ha señalado que «ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil», por lo que ha ratificado su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados.

No sólo «no» es «no», la ausencia de respuesta no denota que haya consentimiento alguno. En eso hicieron hincapié ayer el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las populares durante la presentación de sus conclusiones en la penúltima sesión del juicio a «La Manada» en la Audiencia Provincial de Pamplona. En esta sesión volvieron a estar presentes los cinco acusados de la presunta violación grupal a la joven madrileña C. en los Sanfermines de 2016.

Durante la sesión de ayer, la primera a puertas abiertas, la expectación fue máxima. El juicio comenzó a las 10:00. Fue el turno del Ministerio Público. La fiscal Elena Sarasate narró los motivos por los cuales sigue pidiendo 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los acusados por agresión sexual, robo con violencia y un delito contra la intimidad, dado que estos hechos «han quedado acreditados».

Detalló que C. llamó a las 02:50 del 7 de julio de 2016 al joven con el que había venido a Pamplona en coche. Al no escucharse bien, decidió irse a dormir. Minutos antes había hablado con «el Prenda». Se habían sentado en el mismo banco, mientras el resto de acusados iban y venían. Una vez que la joven se fue a buscar el coche, «La Manada» decidió acompañarla. Hablaron de las fiestas, de tatuajes, fútbol... pero, según la Fiscalía y acusaciones, no se habló de cuestiones sexuales en ningún momento. «Ellos dicen que van todos juntos hablando de temas picantes y en los vídeos va ella hablando con A. J. Cabezuelo (el militar), dos detrás y otros dos más lejos». De hecho, como declaró la víctima, «la metieron en el portal, la taparon la boca y una vez allí, llevaron a C. a un cubículo estrecho donde, entre las 03:08 y las 03:26, se produjeron los hechos: 18 minutos de los que hay siete vídeos de 96 segundos de duración. La denunciante sufrió una penetración bucal de los cinco, una vaginal del militar, dos del Prenda y dos del guardia civil, y una anal del militar».

Para la fiscal, la joven sintió «tal intimidación por inferioridad numérica y física que sólo pudo someterse».

A tenor de la grabación, «lo declarado por parte de la víctima concuerda con lo que luego se visionó: que actuó de forma pasiva y se dejó hacer para que acabara lo antes posible. En ningún momento toma parte activa. En los vídeos vemos a una mujer con hombres rodeándola, a una mujer siendo utilizada, colocada en cada momento, en posición de rodillas... o cómo uno de los acusados le abre la boca con dos dedos para meterle el pene, cómo le cogen la cabeza y se la acercan... Ellos decían que ella tenía una actitud activa en su primera manifestación, cosa que no se ve en los vídeos». Y en los audios de las grabaciones, tampoco: «‘‘Espérate, no la levantes tanto’’, o imperativos sin respuesta femenina, como ‘‘cómeme eso, no chilles”». En cuanto a los gemidos, la fiscal reconoce que en el vídeo séptimo sí puede haber un gemido de mujer, pero recuerda que según la RAE, puede expresar dolor, pena o placer, y para nosotros expresa dolor».

«No tuvo una reacción extraña, sino que sólo deseaba que aquello acabara», afirmó la fiscal, que recordó que una víctima no tiene por qué resistirse de forma activa, dado que, según el forense que estuvo en sala, la resistencia puede ser pasiva. «Por tanto es compatible la actitud de la víctima con la agresión sexual». De hecho, esa actitud por el estado de «shock» explica también la ausencia de lesiones graves. Tampoco es contradictorio que no supiera si había sufrido una agresión vaginal u anal: es habitual en situaciones tan graves, según los forenses. En definitiva, «los hechos ocurrieron tal y como hemos señalado. La víctima sólo pudo someterse».

«La declaración de la víctima –prosigue– es una prueba en sí misma, es determinante, manifiesta una credibilidad objetiva, coherente y su testimonio se ajusta a la verdad sin hacer exageraciones, cuando podría haber sido muy fácil haber dicho que la metieron al portal de forma violenta, agarrándola del pelo sin dejar marcas o que la amenazaron con matarla si se negaba». Y, en cambio, no lo hizo. La Fiscalía recordó que una vez que se fueron los miembros de «La Manada», ella declaró que se durmió. Sin embargo, para la fiscal se quedó aturdida, ya que C. sale 2 minutos y 40 segundos después del portal. «En lo importante no ha habido contradicciones de la denunciante», incidió. De ahí, que la fiscal no admita que se quiera hacer pensar que se trata de una denuncia falsa para evitar que las imágenes pudieran salir a la luz. «¿Si le pareció tan importante por qué no lo denunció? No es creíble, no se lo dijo a nadie esa noche, porque ella no lo sabía, a pesar de lo dicho por un agente de la policía foral».

La fiscal destacó las contradicciones de los acusados: «Ellos sí sabían a lo que iban y lo que iban a hacer, no ella». «Todos los acusados, menos A. Boza, reconocen que previamente han mantenido relaciones sexuales en grupo, que lo graban y sin usar preservativo. Ella no. Es decir, hicieron lo que hacen ellos, no ella».

Otra incongruencia es cómo puede ser que cuando son identificados por primera vez por la Policía Foral, el guardia civil acusado se identifique como agente y le explique a uno de ellos que habían tenido una relación consentida y le enseñe los vídeos y luego este agente no haya sido llamado por las defensas para acreditar la versión del acusado. Lo que ocurre, para la fiscal, «es que a ellos no se les dijo nada de los vídeos».

Otra mentira, según su opinión, es que el militar A. J. Cabezuelo borró uno de los vídeos de la presunta violación. La fiscal precisó que «el vídeo que borró fue uno de las 08:00, no el de las 03:00». Y ¿por qué no borraron los siete vídeos? «No lo hicieron no pensando en que les iba a servir de prueba, sino porque como no se les detuvo en un primer momento, pensaron que estaban fuera de sospecha». En cuanto a la pericial psicológica pedida por las defensas, a la fiscal le pareció insólito que un experto dijera que la víctima había podido revelarse, arañar o morder a sus agresores, aunque al final concluyó que se veía una mujer inexpresiva y describió esas imágenes como relaciones perversas y de prostíbulo, incluso aunque fueran consentidas.

Por ello, para la fiscal hubo «violencia, mínima, pero la hubo por cómo la agarraron y la taparon la boca. Hubo violencia mínima, no excesiva, la precisa para que ella no pusiera resistencia. Además, donde ocurren los hechos es un sitio muy pequeño del que es materialmente imposible que ella hubiera podido huir. Por eso sólo le queda someterse. Si se hubiera negado, la única que se ponía en riesgo era la víctima. No había posibilidad de resistencia». Como tampoco la hubo cuando le robaron el móvil.

A continuación fue el turno de la acusación particular. Miguel Ángel Morán coincidió con la fiscal en la declaración clara y precisa de la víctima, y también destacó la superioridad física y numérica de los acusados, así como la diferencia de edad, «de ahí que no tuvieran que ejercer violencia para intimidarla». También destacó que «no existen pruebas de venganza por parte de la víctima» y que «no se entiende esa idea de que ella, de 18 años, pudiese quedar tan deslumbrada por cinco varones para acabar aceptando mantener relaciones sexuales». Y recuerda que los agentes 455 y 472 testificaron que la joven presenciaba marcas rojas en el lado izquierdo de la cara, desde la mandíbula hasta el lagrimal, de la presión que le habían ejercido los acusados, o que las asistentas sociales que la atendieron la vieron «temblorosa y muy afectada». «Todos han dicho que ella no fingía», zanjó. También destacó las contradicciones de los acusados, como que había mucha gente en aquella hora en esa zona, que según las grabaciones del cajero de La Caixa, no es así, o que «hoy hemos sabido que A. J. Cabezuelo no borró el vídeo». Es decir, que no hubo colaboración con la Policía como se insinuó por parte de las Defensas.

Después llegó el turno para las acusaciones populares. Víctor Sarasa, del Ayuntamiento de Pamplona, destacó que «los vídeos son concluyentes, nunca se le ha visto el más mínimo atisbo de participación de la joven». Y «si uno piensa que es inocente y tiene vídeos que así lo avalan, lo primero que hace es declarar, no negarse a hacerlo». En cuanto a los besos negros, Sarasa recordó que «es Prenda el que pide que le hagan esa foto, y esa imagen es incompatible con unas relaciones sexuales consentidas. Es la plasmación gráfica de la vileza». Ante estos hechos, C. no opuso resistencia «para evitar sufrir males mayores». También sugirió que pudieron suministrarle Poper, al referirse a unas fotos en las que se ve a Boza inhalándolo. La respuesta del juez no se hizo esperar: «Esa foto no se incluye en el escrito de la acusación y en el informe toxicológico ya dijo que no había presencia de drogas». «Pero no es una droga», añadió el letrado, que recordó a los acusados que «una cosa es que uno no use preservativos en sus relaciones sexuales y otra bien distinta es no preguntar» a C. «Sabían que lo que estaban haciendo era un delito... Es una película de ciencia ficción lo que nos quieren contar los acusados».

El último de la sesión fue Ildefonso Sebastián, acusación popular del Gobierno de Navarra, que pidió que, además de la indemnización a la víctima (250.000 piden las acusaciones y 100.000 la Fiscalía), se indemnice al Sistema Navarro de Salud con más de 1.531 euros.

Concluida la jornada, el abogado de tres de los acusados, Agustín Martínez, destacó que la Fiscalía se ha reiterado en lo que planteó en sus escritos iniciales, obviando todo lo tratado durante estos diez días. A pesar de ello, el letrado sigue confiando en que el veredicto le sea favorable.

El militar pide ver su dibujo

En la primera sesión abierta al público no acudió ningún familiar de los cinco acusados por la presunta violación grupal de los Sanfermines de 2016. Mientras que A. Boza y J. Escudero mostraron rostros serios, J. A. Prenda, el guardia civil A. M. G., y el militar A. J. Cabezuelo intercambiaron palabras y gestos. Éstos eran promovidos en su mayoría por el militar, quien protagonizó además el momento de mayor surrealismo cuando preguntó de forma educada a uno de los dibujantes de la sala si le podía enseñar el dibujo para ver cómo había quedado. El militar sonrió al verlo.