La niña de Valladolid asesinada llegó al hospital con las uñas de las manos reventadas

Un pediatra de Valladolid alertó de la situación que vivía Sara, de cuatro años. Dio parte a las autoridades, pero la denuncia fue tramitada de manera ordinaria y no llegó a los Servicios Sociales.

Sara sólo tenía cuatro años y el pasado jueves falleció, en el Hospital Clínico de Valladolid, como consecuencia de las lesiones producidas por un presunto delito de maltrato reiterado y abusos sexuales por parte, presuntamente, de su madre y la pareja de ésta. Por ello, a medida que se van conociendo nuevos datos del caso, la consternación y el estupor invaden a los vecinos de Valladolid. Aunque del suceso se conocen mínimos detalles, al encontrarse bajo secreto de sumario, el fatal desenlace arrancaba en la tarde del miércoles, cuando el Servicio de Emergencias de Castilla y León recibía una llamada, presuntamente de la actual pareja de la madre de la pequeña, en la que se solicitaba asistencia sanitaria. Una ambulancia trasladaba a la menor al hospital vallisoletano donde ya ingresó en situación de muerte cerebral.

Tras una exploración por parte de los facultativos del centro, comprobaron que contaba con síntomas de malos tratos, al detectar uñas reventadas, y signos evidentes de que había sido objeto de agresión sexual. Falleció horas después, en la mañana del jueves. En ese momento, se activaba el protocolo de protección de menores de la Junta de Castilla y León, que determinó que la tutela de la hermana mayor de la niña fallecida, de 12 años, pasará a la Junta. También procedieron a la detención de la madre, D. M. G., natural de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, y a su pareja, con quien llevaba apenas unos meses. Los dos detenidos fueron trasladados a prisión sin fianza, según la orden que decretó la jueza que instruye el caso.

Según testigos presenciales, ella acudió hospital con ropa del Ejército español, ya que es cabo en la Cuarta Subinspección General del Ejército del Noroeste (Suige 4), con sede en el Palacio Real de la capital vallisoletana, y junto a su acompañante tomaron «tranquilamente» unos bocadillos sin mostrar preocupación alguna por el estado de salud de la pequeña.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el padre de la pequeña, de origen búlgaro, había abandonado el hogar familiar hace dos meses, alegando su mujer, en declaraciones policiales, haber sufrido malos tratos psíquicos por su parte. Algunos vecinos del edificio donde vivían, en el barrio de La Rondilla, señalaron ayer que habían sido varias las ocasiones en que se habían personado efectivos de la Policía Nacional por denuncias vecinales ante los reiterados gritos y llantos de las menores, a la vez que tachan a su progenitora de «desequilibrada».

Los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León llevaban desde el pasado 26 de julio haciendo un seguimiento de la situación de la niña, ya que la Fiscalía de Menores había recibido un parte médico de un pediatra donde se apuntaba a la posibilidad de que la niña estuviera sufriendo malos tratos. Antes ya se había presentado la menor junto a un familiar en el consultorio médico de Íscar, donde se le detectó problemas en las uñas de un pie.

El informe que despertó todas la alertas llegó a la Gerencia desde la Fiscalía de Menores el 21 de julio, diez días después de la denuncia del médico que atendió a la pequeña –por vía ordinaria y no urgente– y que también había alertado de manera inmediata al 112, que le derivó a la Policía Nacional donde se procedió a la apertura de un atestado. El pasado miércoles, 26 de julio, técnicos de los Servicios Sociales mantuvieron una reunión con la madre y ambas hijas en la Gerencia de Valladolid, donde acordaron mantener un segundo encuentro en el domicilio dos días después. Esta cita tuvo que ser cancelada al alegar la madre motivos laborales, y se aplazó al pasado martes, 1 de agosto. Ese mismo día, cuando se personaron los técnicos en el domicilio particular comprobaron que no se encontraba nadie allí. Sólo unas horas después, al día siguiente, ocurría el fatal desenlace, con el ingreso en parada cardiorrespiratoria de la menor de cuatro años.

El gerente de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos, aseguró ayer que los técnicos actuaron de forma correcta y siguieron todos los protocolos y que en ningún momento se planteó la toma de medidas extraordinarias ante un posible caso de malos tratos, aunque reconoció que se analizará con detalle lo ocurrido para comprobar si existió algún fallo durante el proceso.

Una noticia que ha supuesto un mazazo en la localidad de Pedrajas de San Esteban, de donde es natural D. M. G., cuyo alcalde, Alfonso Romo, confesaba que el pueblo lo está pasando «mal», momentos antes de que se guardara un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en repulsa por este suceso. Romo mostró su sorpresa, al señalar que se trataba de una familia «normal» –un hermano vive en el municipio–, «que no han dado de qué hablar nunca» y señaló que en ningún momento habían notado nada raro.

También se condenó el trágico suceso en la capital vallisoletana, donde a través de un comunicado el Consistorio municipal destacó que «se trata del crimen más horrible que se pueda imaginar, la manifestación más extrema de la violencia machista, y este Ayuntamiento entiende que debe considerarse esa gravísima dimensión, mostrando una vez más su compromiso en la lucha para prevenir y erradicar esta violencia devastadora». Se han decretado tres días de luto.

También la delegada del Gobierno de Castilla y León manifestó el «horror» que ha supuesto para la Comunidad este suceso, a la vez que lanzó un llamamiento a la ciudadanía con el fin de acabar con este tipo de incidentes. El alcalde en funciones, Manuel Saravia, calificó de «execrable y dramático» esta trágica noticia y llamó a la unida de las asociaciones, instituciones y ciudadanía para mejorar su capacidad de actuación para que no se vuelvan a repetir este tipo de sucesos.