Los profesores piden conocerlas patologías de los alumnos

Docentes y padres apuestan por un cambio legal o un protocolo sobre cómo manejar información sensible.

Ni era previsible para los profesores el comportamiento violento del adolescente que mató a un docente en el instituto Joan Fuster de Barcelona, ni los profesores habían percibido actitudes extrañas que les pusieran en actitud de alerta, más allá de los repetidos comentarios agresivos que hacía a sus compañeros sobre el profesorado que nadie tomaba en serio. De hecho, los orientadores del centro sí que estaban muy pendientes de otros alumnos con conductas aparentemente más preocupantes que las de M.P., según ha podido saber LA RAZÓN. No había habido ni apercibimientos por malas conductas ni expulsiones del alumno agresor y, aunque ahora muchos tratan de buscar sentido a algunas de las conductas del menor, lo cierto es que ni alumnos ni profesores estaban al corriente de que M. P. recibía asistencia psicológica. Ahora bien, ¿la familia debería haber comunicado esta circunstancia al centro?

La consejería de Educación catalana ya ha dado el primer paso al pedir a los alumnos de 3 años que comenzarán el colegio el próximo septiembre y que pertenecen a escuelas de «máxima complejidad», un informe del pediatra con información sobre factores que puedan repercutir en el rendimiento académico, como déficits visuales, desarrollo psicomotor... Pero en España no existe ninguna regulación que lo exija. Muchos padres avisan a los centros de las enfermedades metabólicas o neurológicas de sus hijos, pero no todos alertan de cuestiones psiquiátricas, en muchos caso para evitar una estigmatización. Sin embargo, el caso de Barcelona ha desatado la polémica sobre si convendría hacerlo preceptivo y son muchos los que proponen que así se haga.

«La salud del menor debe ser conocida, respetando su intimidad con fines preventivos y de protección del niño». Es lo que opina el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández Guisado, partidario de que se ponga en marcha una regulación de los servicios de orientación educativa para que el centro escolar pueda estar al tanto de cualquier tipo de enfermedad que pueda sufrir un niño. Fernández Guisado pone como ejemplo una epilepsia. «Probablemente si un profesor está al corriente de que un estudiante sufre este problema, en el caso de que padezca una crisis sabrá como ayudarle».

De una opinión similar es el presidente del sector de la enseñanza de CSI-CSIF, Adrián Vivas. «Este caso nos tiene que abrir los ojos para que se exija que todo el alumno que tenga un problema físico o psíquico lo ponga en conocimiento del centro para que sus profesionales puedan salvaguardar al menor y al resto de sus compañeros». Es por esto por lo que considera que «hay que cambiar la ley para que se conozcan todas las circunstancias de los alumnos». Una cuestión que, sin embargo, no explica la Agencia Española de Protección de datos, que evita pronunciarse si no se trata de proyectos de ley o de iniciativas en firme.

Muy al contrario, Carlos López Cortiñas, del sindicato FETE-UGT de enseñanza, es de los que opina que «no es necesario ningún protocolo porque la gestión de la información sobre su hijo es cosa exclusivamente de los padres. Lo ocurrido en Barcelona debe servirnos para reflexionar sobre el hecho de que el joven dio algunos avisos en su entorno cercano y esas alertas no debemos considerarlas una broma. También debemos vigilar qué tipo de valores transmitimos a los hijos, en relación con las armas».

Los padres también son partidarios de informar a los centros, aunque con matices. Para Luis Carbonel, el presidente de la asociación católica de padres de alumnos Concapa, «este caso debe servirnos para reflexionar. Las familias tienen el deber de avisar de cualquier tipo de incidencia relativa a su hijo, incluida su salud mental porque se supone que tanto colegio como familia buscamos el mismo objetivo y la ocultación de datos va en contra del menor». Apuesta porque haya una mayor asistencia de psicólogos en los colegios que ayuden a los niños en casos, no sólo de algún problema psiquiátrico, sino también de acoso escolar o de separaciones de padres.

Jesús Salido, de la asociación de padres Ceapa, cree que en este aspecto entran en colisión el derecho a la intimidad y la protección del menor, pero sería partidario de «un protocolo de actuación muy bien estructurado que al final repercuta en el bien del menor y evite que se estigmatice al niño».

Isabel Zarraluqui, mediadora educativa, y miembro de la asociación «Hacemos las paces», que se dedica a dar herramientas a los colegios para prevenir conflictos, cree conveniente facilitar información a los centros porque ayuda más que perjudica, aunque es razonable pensar que te condiciona. El caso se podría haber evitado, pero ha habido un cúmulo de cosas que no han funcionado».