Page usó informes obsoletos para blindar la zona del silo nuclear

Villar de Cañas presentará alegaciones «muy fundadas» con un estudio técnico estrictamente medioambiental

La paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas a raíz del anuncio del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de ampliar la zona protegida en torno a la ZEPA de la Laguna del Hito puede quedar reducida a un suceso puntual por culpa de un simple fallo administrativo por parte del Gobierno autonómico. De acuerdo con la revisión del proceso efectuada por el Ayuntamiento de Villar de Cañas, el Ejecutivo de García-Page se sirvió de unas consideraciones desactualizadas elaboradas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), las cuales consideraban los terrenos en los que se prevé construir el almacén nuclear como una zona de importancia para las aves –o IBA, por sus siglas en inglés–. Sin embargo, la cartografía utilizada, fechada en 2008, perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2010, cuando SEO/Birdlife modificó los márgenes delimitatorios de manera que el ATC quedaría fuera de cualquier proyecto de protección ecológica. Concretamente, la distancia que separa el espacio del almacén y el margen de la zona protegida es de 15 kilómetros.

Este hecho provoca que la intención de declarar dicho espacio como una zona ZEPA pierda toda base científica y por tanto, su valor ecológico. Antonio Escribano, técnico de Medio Ambiente, advierte que este descubrimiento «invalidaría todo el procedimiento que inició la Junta autonómica y que se reflejó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha». No obstante, la gravedad del fallo aumenta si se tiene en cuenta que, una vez que Villar de Cañas había ganado el concurso para albergar el silo nuclear, los terrenos en discusión fueron retirados de la zona de importancia para aves para facilitar el proceso de cara a la futura construcción de dichas instalaciones, según expone Escribano.

De esta forma, la continuación de los trámites burocráticos que autoricen la construcción del almacén podrían alargarse aún más. «Lo lógico sería que la Junta invalidara el proceso que habían iniciado. Podrían hacer corrección de errores y presentar un nuevo plano porque mediante ‘‘decretazo’’ pueden marcar como posible zona protegida un terreno que, sin ser de importancia para las aves, se encuentre a una distancia concreta de otra zona que sí lo sea. Quieren proteger el territorio para debilitar los usos que éste pueda tener, y así pueden marcar como zonas IBA las que ellos digan. Y lo van a justificar igual que han justificado su decisión: de ninguna manera», explica el técnico.

Esta revelación, considerada por el Ayuntamiento de Villar de Cañas como «un error de bulto», favorece la posición del consistorio ante las apelaciones que se presentarán en un plazo de 20 días hábiles desde el fallo del Consejo de Seguridad Nuclear. Y es que, tal y como informó ayer LA RAZÓN, el municipio afectado no piensa quedarse de brazos cruzados ante el retraso que está produciendo la jugada política del Gobierno autonómico en el levantamiento del almacén nuclear. De acuerdo con un comunicado emitido desde el Gobierno local, el informe que finalmente se presentará, y que está siendo elaborado por técnicos de Medio Ambiente, contará con el apoyo no sólo de Villar de Cañas sino también «de los demás municipios y vecinos afectados» para recurrir «a todas las instancias legales lo que no deja de ser un fraude de ley intentando utilizar la legislación ambiental para fines distintos de los que aquélla contempla». Fuentes del Ayuntamiento de la localidad manchega aseguran que, «si el Gobierno autonómico sigue adelante», no descartan la opción de presentar una querella contra el presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, por «prevaricación administrativa».

Incidiendo en el pasado más reciente de la zona ZEPA de la Laguna del Hito, la celeridad con la que se ha anunciado su ampliación contrasta de forma llamativa con el trabajo burocrático que tuvo que realizar el pueblo de Montalvo, situado justamente al lado de dicha zona, para reducir el número de hectáreas bajo cobijo ecológico. En total, el procedimiento para que 25 hectáreas dejaran de ser consideradas protegidas debido a los perjuicios causados en algunos campos de labranza contiguos se alargó hasta los dos años.

La Junta insiste

Por su parte, desde la Junta de Castilla-La Mancha también desvelaron el que podría ser su siguiente movimiento. El vicepresidente de la comunidad, José Luis Martínes Guijarro, reconoció ayer que si Moncloa declara de interés general el proyecto del almacén de Villar de Cañas, la Junta acudirá «a los tribunales españoles y de la Unión Europea». «Cuando se pretende generar una infraestructura en un área protegida por las directivas de la Unión Europea se tiene que justificar que no hay otra alternativa y creemos que es difícil de justificar», comentó Guijarro durante una rueda de prensa convocada ayer.

Además, desde la Consejería de Fomento de la comunidad se está procediendo a examinar el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas al considerar sospechosos tanto su contenido como los plazos en los que fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca. «Tenemos varios puntos que no nos cuadran, que creemos que no se han tramitado adecuadamente y estamos estudiándolos», admitió la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. «Creemos que la tramitación por el anterior Gobierno regional ha sido rendirse totalmente al Gobierno de España, sin hacer los estudios de seguridad ni los estudios pertinentes», puntualizó De la Cruz antes de reconocer que «la voluntad del Gobierno regional es que no se instale un basurero nuclear en Castilla-La Mancha», una afirmación que se produce cuando todos los trámites se encuentran muy avanzados y que choca con las expectativas que tienen los habitantes de Villar de Cañas. La actividad en la pequeña localidad gira en torno a lo que el almacén, un proyecto que aún no ha salido del papel, ha proporcionado a sus vecinos. Por el momento, los niveles locales de paro se han visto drásticamente reducidos por la demanda de mano de obra exigida por la construcción de las carreteras anexas a las futuras instalaciones.