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Patrullas en internet contra los delitos en la red

Así trabaja el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil

  • Un agente del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en una imagen de archivo
    Un agente del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en una imagen de archivo / C. Pastrano
María Ruiz.  Granada.

Tiempo de lectura 4 min.

01 de enero de 2018. 17:30h

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María Ruiz.  Granada. 2/1/2018

Internet permite con un simple gesto comprar entradas para un concierto, reservar un hotel o compartir imágenes en un grupo de guasap, un sistema que también facilita delitos de pornografía, estafas o usurpación de identidad que combaten agentes especializados en patrullar la red.

Los teléfonos inteligentes, las aplicaciones y otros avances han convertido a la tecnología en un apéndice más de una sociedad que compra, vende, tramita, se comunica, liga y casi vive a través de la red de redes, al igual que sucede con los actos delictivos.

Para combatir la delincuencia digital, la Guardia Civil creó hace más de dos décadas el Grupo de Delitos Informáticos (GDI), ahora de Delitos Telemáticos, para patrullar también por una red con cerca de 38 millones de usuarios en el país, según los datos del Informe sobre la Evolución Digital de España de este año.

La crisis, la omnipresencia de conexiones y las trabas de países extranjeros para identificar a los autores de estos delitos han convertido a internet en el cauce para estafas o injurias que, junto a los ataques a la intimidad, encabezan los delitos informáticos.

Los agentes Miguel Ángel Reguero y Antonio Valenzuela, parte de este equipo especializado de la Guardia Civil en Granada, han explicado a Efe que solo en la provincia se registra una media de veinte delitos telemáticos al día, la punta del iceberg que forman el robo de datos, los delitos de odio o la pornografía infantil.

El «trending topic» de este tipo de delitos lo conforman las estafas, desde objetos que se exponen en aplicaciones especializadas en venta por las que se cobra pero que nunca se entregan al alquiler de apartamentos que no existen más que en las fotografías.

También la red camufla, o lo intenta, redes dedicadas a la pornografía infantil o al robo para su venta de paquetes de datos, números de tarjetas de crédito que se ofrecen al por mayor para hacer compras también por internet y dejar la cuenta tocada.

Las estafas clásicas se mantienen aunque adaptadas a la red con autores que aprovechan el supuesto anonimato de internet.

«Muchas veces se utilizan IP -identificadores de la conexión- con redes virtuales que sitúan al autor en un país que o no colabora o no contempla esos hechos como delito en su legislación», ha explicado uno de los agentes.

Estas artimañas representan el caballo de batalla de los ‘hacker’, expertos informáticos que demuestran su maestría comprobando fallos de seguridad, descubriendo esa red oscura a la que la mayoría de usuarios no acceden, y que también facilitan la labor policial frente a los ‘cracker’, los ‘malos’ de este universo.

«La red se mueve muy rápido y desde hace años se patrulla por internet, pero a pasos aún lentos», comenta uno de los agentes.

Las investigaciones en este campo requieren una media de tres meses de trabajo y solo alrededor del 20 % de los casos se resuelven porque los avances de los cuerpos de seguridad chocan en muchas ocasiones con la oposición de empresas de conexión o telefonía o la escasa colaboración de otros países que bloquean el acceso a datos.

Según la Unidad, el avance de internet ha generado paraísos de datos, países que blindan la intimidad de internautas sin distinguir los fines para los que usan la red de redes.

Los delitos de odio, las venganzas desde la red o el uso de imágenes para denigrar a un conocido también incrementan este tipo de delitos cometidos en muchas ocasiones por menores que «no son conscientes ni del daño, ni de que es un delito ni del rastro que dejan al cometerlo».

Los procedimientos judiciales incoados contra delitos cometidos a través de la red se han reducido además por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) de 2015, que no permite derivar a la Fiscalía casos de esta naturaleza de los que se desconoce al autor, según la última memoria del Ministerio Fiscal, de 2016.

Pese a todo y, como en la vida real, los agentes se especializan para patrullar por internet y desenmarañar los delitos en red. EFE

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