Una reforma insuficiente

Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular registró ayer su proposición de ley para reformar la legislación vigente sobre el aborto. En concreto, el texto registrado por el PP propone que se impida a las menores de edad interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres o de sus tutores legales. De esta manera, el Gobierno cumple una promesa electoral, pero sólo una parte de ella. En concreto, la que insta a derogar el apartado 4 del artículo 13 de la llamada «ley Aído», que suponía que las mujeres de entre 16 y 18 años pudiesen abortar sin el permiso de sus padres, siempre que «provoque un conflicto grave de violencia familiar». Con la futura legislación, «para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales». La elección de presentar una proposición de ley a través del Grupo Popular en lugar de un proyecto de ley del Gobierno hace que no se requiera que el texto sea sometido al examen de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo de Estado, lo que supondrá que se pueda aprobar en dos semanas. Con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no se cumple el compromiso de sacar adelante la Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada que el Gobierno llevaba en su programa electoral. Su mayor valedor, el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, dejó el Ejecutivo y, con su marcha, quedó aparcada una reforma que no es menor en el proyecto político del PP, pues en ella se definía una posición clara sobre el derecho ineludible a la vida. El debate suscitado en la sociedad española da muestras de que sigue siendo un tema que suscita controversia y, de manera especial, la ley de plazos de 2010 que permite abortar hasta la semana 14ª de gestación sin alegar motivo alguno y hasta la 22ª si se presenta un dictamen médico que avale que el embarazo puede ser peligroso para la salud de la madre. Esta norma sigue vigente. El plan del Gobierno era abolir el aborto como un derecho y volver a la ley de supuestos de 1985, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: en caso de que haya un «grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada» en cualquier momento de la gestación, en caso de violación, en las 12 primeras semanas y en caso de que «se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas», en las primeras 22 semanas. El Gobierno ha retrocedido en su compromiso, tal vez por cálculos electorales, tal vez porque la izquierda ha sabido fabricar la sensación de que sólo una ley del aborto libre es progresista. La realidad es que el PP ha incumplido un compromiso electoral y está en la obligación de explicar a sus electores este cambio con argumentos convincentes y serios.