«Voy a venir con una garrafa de gasolina y os prenderé fuego»

CSIF denuncia que diariamente se produce al menos una agresión física o una amenaza verbal a empleados públicos

Día sí y día también, empleados públicos de las oficinas de la Administración General del Estado (fundamentalmente de las oficinas de empleo, las dependencias de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo) sufren amenazas o agresiones verbales, según denunció ayer el sindicato CSIF. En concreto, de acuerdo con los datos recabados por ese sindicato de la Función Pública y del Ministerio de Empleo, en 2014 se comunicó un total de 357 casos de violencia física y verbal, insultos y amenazas en 12 ministerios u organismos, de los que un once por ciento corresponden a violencia físicas.

Uno de los «puntos calientes» de ese tipo de agresiones son las oficinas del INEM, por la grave situación de paro que vive nuestro país. De hecho, a lo largo del pasado año, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal registraron 227 comunicaciones de violencia, de las que un 26 por ciento fueron de carácter físico o verbal-físico.

Una de las últimas agresiones la sufrió un trabajador de una oficina de Madrid de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social el pasado 16 de abril. El empleado salía de las dependencias, una vez finalizada su jornada laboral, cuando un individuo se introdujo en la oficina, y al indicarle que estaba cerrada es cuando la emprendió a golpes y puñetazos con el resultado que se puede ver en las fotos de esta misma página: contusiones en la cara, cabeza y en la mano izquierda al intentar protegerse la cara, etc. En estos momentos, la víctimas se encuentra de baja laboral.

No es éste un caso aislado, ni mucho menos. Se han registrado situaciones más que tensas que han tenido que sufrir los empleados públicos. Así, pocos días antes, el 7 de abril, una funcionaria del INEM de Santa Cruz de Tenerife fue atacada cuando regresaba a la oficina en compañía de su madre, directora de la misma.

«Matar a funcionarios»

En 2008, un vecino del concejo de Mieres se dirigió a la oficina del Servicio Público de Empleo armado con un hacha con el propósito, según reconoció ante la Policía, de «matar a tres o cuatro funcionarios». Esa oficina no cuenta con ningún tipo de seguridad desde el año 2013.

Significativo es igualmente lo que se recoge en sentencia de 2013, en la que se condenó por injurias a un individuo que se encontraba en paro por amenazar a un empleado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sagunto, con frases como «voy a venir con una garrafa de gasolina y os voy a prender fuego».

Al margen de las agresiones, «por el simple hecho de realizar los empleados sus trabajos», un aspecto realmente preocupante para CSIF es la «auténtica soledad de las víctimas» que sufren estas situaciones ya que ni siquiera cuentan con «apoyo jurídico», algo que, según señaló María Ángeles Mur, responsable de prevención del sindicato en la Administración General del Estado, tiene que suplir los servicios jurídicos de las propias centrales sindicales.

Por ello, reclamó la aprobación de un protocolo unificado, «para garantizar la seguridad de los empleados y evaluar las situaciones de riesgo».

Mur también puso de relieve que las mujeres sufren más las agresiones que los hombres, es decir, existe un «sesgo de género». En este dato influyen dos factores: que la mayoría de los empleados públicos son mujeres y su «mayor vulnerabilidad».

Además, CSIF denuncia que se están produciendo situaciones hasta ahora desconocidas, como «la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de dichas amenazas por las redes» sociales. En cuanto al tipo de violencia que más sufren los empleados públicos, es verbal, seguida por la «verbal y física». Un apartado especial merecen las agresiones sufridas por los funcionarios de los centros penitenciarios, que aumentan cada año respecto al anterior. Así, si en 2012 se registraron 310 agresiones físicas en las cárceles, en 2013 éstos ascendieron a 329. Respecto al pasado año, todavía no existen datos oficiales, pero, según los datos recabados por el citado sindicato, todo «apunta» a un incremento de, aproximadamente, un 12 por ciento, es decir, unos 370 casos de agresiones a funcionarios. Es decir, «una agresión física diaria».

El incremento de la violencia en las prisiones tendría, en opinión de la mencionada central sindical, cinco causas fundamentales.

En primer lugar, falta de personal, ya que entre 2011 y 2014 sólo se han ofertado 174 plazas, mientras que en la actualidad hay 3.400 plazas vacantes. Junto e ello, estaría la sobreocupación existente en la mayoría de prisiones; el envejecimiento de la plantilla, dado que uno de cada tres funcionarios está a punto de jubilarse; la falta de plantilla de psiquiatría y la falta de formación específica con respecto a determinados perfiles de presos, como los internos de carácter yihadista. Además, según Fermín Pinto, responsable de prevención de CSIF en Instituciones Penitenciarias, hay 16 módulos en cuatro prisiones que están cerrados, principalmente por falta de personal.

Más de 2.000 lesiones a médicos en cinco años

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias o vejaciones centran la mayor parte de las 2.058 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los cinco últimos años, según los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial. De los 344 casos de violencia que se contabilizaron en 2014, un 18% de ellos acabó con lesiones. Los datos suponen, sin embargo, una disminución del 2,8% con respecto al año anterior.

En cuanto al género de los agredidos, del estudio se desprende una cierta equidad en cuanto al porcentaje de agresiones que sufrieron hombres (49%) y mujeres (51%). La gran mayoría de este tipo de conductas violentas se producen en el sector público, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se ha producido el 13%, un porcentaje que ha sufrido un ligero aumento respecto al año anterior (11%).

La mayor parte de casos se registran en Atención Primaria, (48%), frente a la hospitalaria (16%), las urgencias hospitalarias y extra hospitalarias tienen un porcentaje de un 10% cada una de ellas. De los agresores, ha aumentado el porcentaje de familiares del paciente, pasando del 25% al 31%; el 36% son pacientes programados, es decir, con cita previa; el 18% son pacientes no programados y el 15% son usuarios habituales del centro.

Profesores: 10 denuncias al día por agresiones

Una media de diez profesores al día piden asistencia y ayuda al Defensor del Profesor por casos de acoso, agresiones, insultos e incluso «falsas acusaciones» y denuncias, entre otros ataques, por parte de sus alumnos y de los padres de éstos, según el informe anual del servicio de atención al profesorado que impulsa el sindicato ANPE. De hecho, durante el curso 2013-2014, un total de 3.345 profesores pidieron ayuda a este servicio para hacer frente a situaciones de este tipo. El estudio del sindicato asegura que la ansiedad del colectivo profesional se ha incrementado un 7 por ciento desde el curso anterior hasta alcanzar el 57 por ciento de los casos que atiende el Defensor del Profesor. También han aumentado los casos de depresión, que afectan al 17 por ciento (un 1% más) y se mantiene el porcentaje de bajas laborales (12 por ciento) de quienes acuden a este servicio. Además, el 24 por ciento de los profesores manifiestan sentir «falta de respaldo» por parte de la dirección de sus respectivos centros escolares y el 14 por ciento siente lo mismo por parte de las administraciones educativas.

Ocho de cada diez enfermeros son víctimas

Con Según los datos oficiales de Sanidad, en el periodo de 2008 a 2012, más de 9.296 profesionales de este sector sufrieron agresiones en España, siendo en ese último año 1.958 las denuncias que se presentaron. El dato es especialmente relevante porque, según el mismo informe del Ministerio, sólo un 11% de las agresiones se acaban denunciando, por lo que la cifra real ascendería a números desorbitados.

Según los datos de los que dispone el Consejo General de la Enfermería, el 33 por ciento de los enfermeros ha sido víctima o ha presenciado una agresión a otro compañero enfermero, un porcentaje que sube hasta el 69 por ciento cuando se trata de agresiones verbales. La mayoría de ellas son realizadas por un familiar del paciente (52%) y suelen suceder en consultas de atención especializada (53%). ¿La causa de esta actitud? No satisfacer sus expectativas en cuanto a tiempos de espera o pruebas realizadas (41%).

Especialmente llamativo resulta el hecho de que la mayoría de los profesionales agredidos no presentan una denuncia judicial (82%).

Según el sindicato Satse, ocho de cada diez enfermeros han sufrido a lo largo de su ejercicio profesional «algún tipo de agresión tanto verbal como física». Por ello, una de sus reivindicaciones consiste en extender la categorización de autoridad pública a todo el personal que trabaja en la enfermería, tanto en el sector público como privado, ya que las agresiones «se cometen en todos los espacios asistenciales» .