El Gobierno: “En rueda de prensa del Consejo de Ministros no se habla de la Junta Electoral Central”

A nueve días de que se celebren las elecciones generales, el Gobierno en funciones ha aprobado en su reunión del Consejo de Ministros un Real Decreto que pretende controlar el desarrollo en la red de todas las administraciones públicas del Estado. Lo anunció esta mañana el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez y lo ha confirmado este mediodía la vicepresidenta Carmen Calvo. El objetivo es el de "poner punto y final al proyecto del independentismo de la República digital".

El Gobierno ha aprobado también tres incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña del 22 y 29 de octubre. El Ejecutivo considera que se han incumplido dos providencias que dictó dicho Tribunal. Según ha explicado la vicepresidenta la Mesa del Parlament podría haber desobedecido la advertencia del Tribunal Constitucional de que no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía. Antes estos hechos ha recurrido al Alto Tribunal para que se dirija a la Fiscalía del Estado e investigue si han cometido delitos. "Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasdo esa línea, si ha desautorizado el apercibimietno que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener", ha confirmado.

La vicepresidenta ha pedido también un informe urgente al Consejo de Estado para impugnar el debate sobre la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas del procés. "No corresponde al Parlament debatir sobre un fallo de un Tribunal", ha asegurado.

En clave catalana, el Gobierno ha anunciado que ha dado orden a la Abogacía General del Estado para que defienda judicialmente a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña, así como que proceda a reclamar en los procedimientos penales los daños en bienes en los disturbios de estas dos semanas, principalmente en Barcelona.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado este jueves que se ha ordenado a la Abogacía General del Estado que defienda judicialmente a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña y que reclame en los procedimientos penales que se abran por los daños en bienes en los disturbios callejeros de grupos independentistas. "El Gobierno ha decidido la protección de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha dicho Calvo, subrayando que la asistencia jurídica se ofrecerá en aquellos procedimientos que se siga contra los agentes por los actos relacionados en el ejercicio de sus funciones.

Sobre el expediente abierto por la Junta Electoral Central a Pedro Sánchez por usar el Palacio de La Moncloa para una entrevista televisiva en precampaña, la vicepresidenta ha evitado pronunciarse: "En rueda de prensa del Consejo de Ministros no se habla de la Junta Electoral Central".

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de subvenciones a Ceuta y Melilla para el mantenimiento y la mejora de la atención prestada en los centros de acogida a los menores extranjeros no acompañados a lo largo de 2019.