Policías y guardias civiles desplazados a Cataluña recurren al Supremo tras negarles su derecho al voto

Más de 2.500 policías y 1.500 guardias civiles se encargarán de reforzar el operativo de seguridad en los colegios electorales catalanes el próximo 10 de noviembre. Un dispositivo cuyo objetivo es garantizar que todo el mundo puede ejercer libremente su derecho al voto. Todos, excepto los propios agentes que han visto cómo la Junta Electoral Central (JEC) se negaba a ampliar el plazo a los agentes desplazados a Cataluña. Una prórroga que sí ha permitido en el caso del voto rogado.

Por todo ello, Jupol, sindicato mayoritario de la Policía, ha presentado unrecurso de amparo ante el Tribunal Supremo, tras conocerse que la Junta Electoral "niega elderecho al voto" a los agentes que han sido llamados para formar parte del operativo electoral del 10-N.

El pasado 4 de noviembre, los sindicatos policiales recurrieron a la JEC para que ampliase el plazo del voto por correo para aquellos agentes destinados a Barcelona, cuyo derecho al sufragio activo estaba siendo vulnerado. Según explicaba el secretario general de Jupol, los policías recibieron las órdenes de "manera urgente, sin previo aviso y a pocas horas de cerrarse el plazo para solicitar el voto por correo". Las órdenes afectaban a cientos de agentes de las unidades de UIP, UPR, Unidades de Caballería y diferentes unidades de Información.

Una petición que ha sido rechazada por la Junta Electoral Central. Aunque "no descarta" que se pudiese arbitrar "algún medio excepcional para procurar el cómputo de estos votos", argumenta que "habría que modificar el procedimiento del voto por correo" y por tanto es "inviable".

Esta respuesta supone "un ataque directo a los derechos de los cientos de policías que van a ser desplazados", señala este sindicato. Un derecho que aparece recogido en el artículo 23 de la Constitución y por el que se han exigido "medidas legales urgentes".

Tanto el secretario general de Jupol, José María García, como el portavoz de Jucil, Jesús Page, han insistido en que se trata de un "derecho fundamental que no se puede arrebatar a los agentes" y que harán todo lo posible para que los agentes puedan votar. Una situación a la que se ha llegado, apuntan, por la "escasa planificación en el refuerzo del operativo policial".

En un comunicado, Jucil deja claro que en el caso de que no se atiendan sus peticiones solicitarán a todos los guardias civiles a los que se les ha denegado su derecho al sufragio activo que presenten una solicitud ante el Ministerio del Interior solicitando su derecho al voto. Así, esperan el dictamen al recurso electoral presentado ante la sala Contenciosa-Administrativa del Supremo para que arbitre las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de su derecho al sufragio activo, bien a través de las oficinas de la Delegación del Gobierno, oficinas de correos o decanato de los juzgados.