Chaves fue “plenamente consciente de la patente ilegalidad” de las ayudas

La Audiencia de Sevilla considera que Manuel Chaves fue "plenamente consciente de la patente ilegalidad" de los ERE concedidos a empresas en crisis durante una década, entre 2000 y 2009, bajo su mandato como presidente de la Junta de Andalucía. En la sentencia en la que le condenan a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, los magistrados recuerdan que presidía el Ejecutivo andaluz "cuando se empezaron a articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los 90". Una decisión que, recalcan, no correspondía al consejero de Empleo, sino al "Gobierno en su conjunto" pues partía del "programa político" con el que el PSOE andaluz se había presentado a las elecciones.

Por tanto, añaden, esa actuación de la Junta "necesariamente tenía que venir refrendada por el presidente" pues ante la gravedad de la crisis económica y de la pérdida de puestos de trabajo "lo lógico" es que fuera él quien "tomara las decisiones oportunas".

De ahí que, según la Sala, cuando en abril de 2000 se cambió el sistema de concesión de ayudas -y articularlas a través de transferencias de financiación, un instrumento presupuestario que, según la Fiscalía, permitía salvar los controles de la Intervención General- "resulta lógico" que esa variación "tuviera que pasar por la decisión final" de Chaves. No se trataba de un cambio menor, pues acarreaba "un cambio en la presupuestación" -recalca la Audiencia de Sevilla-, por lo que "resulta impensable" que el consejero de Empleo "tomara esta decisión por sí solo. Máxima cuando tenía que contar con el beneplácito" del entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán. Ni uno ni otro podían tomar esa decisión, dice el tribunal, que defiende que la trascendencia de la misma "exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta".

Tanto éste como el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías -dice la Sala-, conocieron las "graves irregularidades" denunciadas por la Intervención General de la Junta, "resultando inconcebible que ninguno de ellos informara al presidente". Teniendo tanta trascendencia -el propio Chaves las calificó como "uno de los ejes clave de la política del Gobierno"- para los magistrados es "inimaginable que no fuera informado" de ese cambio en la concesión de las ayudas por su consejero de empleo.

Esa alteración presupuestaria, subraya la Sala, mediante el uso de la transferencia de financiación, suponía que, al traspasarse los fondos desde la consejería de empleo al IFA ( Instituto de Fomento de Andalucía) se iba a omitir la fiscalización previa".

Por todo ello, la Audiencia concluye que el ex presidente socialista "tuvo conocimiento de este cambio presupuestario y de sus consecuencias". Los magistrados rechazan el argumento de la defensa de Chaves de que no fue informado al respecto, pues teniendo en cuenta que igual grado de

desconocimiento han manifestado otros integrantes de la Junta "llegaríamos al absurdo de que el destino de la Administración de la Junta, y las decisiones de mayor calado, estuvieran en manos cargos intermedios, o funcionarios de rango inferior".

"No se trata de exigir que un presidente conozca todas y cada una de las decisiones y actos administrativos de su Administración, pero resulta ilógico que decisiones de gran trascendencia, en materias de gran relevancia social e influencia política, sean desconocidas por el presidente y por los respectivos consejeros".

Asimismo, la Sala sostiene que "no se concibe" que, habiendo sido Chaves "interlocutor con empresas y sindicatos de las reclamaciones de trabajadores en supuestos de crisis empresariales y sociales de gran trascendencia, como las que se vivieron en Andalucía, no conociera el modo en que se articulaban las ayudas" ni se le informara puntualmente del "déficit arrastrado por el programa presupuestario utilizado para la concesión de ayudas". Un déficit que el tribunal achaca a "la adquisición de compromisos por parte de la Consejería de Empleo por encima de la cobertura presupuestaria".

Del mismo modo, la Audiencia no se cree que Chaves no estuviera al tanto del informe adicional de la Intervención que en 2005 puso de manifiesto "graves irregularidades e ilegalidades" en las ayudas. Se notificó -recuerda- a tres consejeros "durante varios años sucesivos, por lo que la versión del acusado de que no fue informado" por ninguno de los tres "carece de toda razonabilidad dentro de un desempeño mínimamente diligente de la alta función pública".