Chaves, Griñán y Álvarez condenados : “Eran conscientes del fraude”

El «caso ERE» es ya el monstruo de 19 ex cargos del Gobierno andaluz condenados, incluidos los «desolados» ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y su rugido ha alcanzado de lleno al PSOE cuando este partido busca apoyos para gobernar España. Once meses y dos días después de que finalizara el juicio de la pieza política, la Audiencia de Sevilla ha determinado que «la necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales» que existían en la comunidad, histórico feudo socialista, «llevó a los responsables» del Ejecutivo autonómico a «establecer un sistema ágil» con el que atajarlos y por el que se movilizaron 679.432.179,09 euros en casi una década (2000-2009), la cantidad en la que la Fiscalía Anticorrupción cifró definitivamente el fraude.

Esa rapidez a la que aluden los magistrados se logró «eliminando los mecanismos de control legalmente» establecidos para conceder fondos públicos, según se recoge en la sentencia en la que se ha condenado a Griñán a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas y a su antecesor a las riendas de la Junta, Chaves, a nueve de inhabilitación por prevaricación continuada. Por ese último delito han sido inhabilitados también durante nueve años la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, a quien esta causa le costó su puesto en el Banco Europeo de Inversiones (BEI); y el ex consejero Gaspar Zarrías.

Una losa de 1.821 folios

En el voluminoso fallo, una losa de 1.821 folios, se considera probado que «con la finalidad de dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de empresas con centros de actividad» en el territorio andaluz, el Ejecutivo regional, «a través de los presupuestos que gestionaba la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico –anteriormente Consejería de Trabajo e Industria–, articuló en la década de los 90 y ejercicio 2000, un sistema de ayudas para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de pólizas de rentas para trabajadores» de dichas sociedades, que, «atendiendo a su edad, le aseguraran un nivel de ingresos hasta acceder a su jubilación» y «las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas». Un método cuyo punto de partida operativo la Audiencia fecha «el 18 de abril del año 2000», cuando el «Consejo de Gobierno presidido» por Chaves aprobó una modificación presupuestaria, a la que luego seguiría otra, que permitió reducir las partidas legalmente establecidas para otorgar subvenciones y dotar de dinero a otras que no existían en las cuentas iniciales. Los magistrados han dictaminado que éstas son «inapropiadas» para repartir unas ayudas que luego pagó directamente el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –más tarde agencia IDEA–, gracias a un convenio marco firmado entre el que fuera su presidente, Antonio Fernández, ahora condenado a siete años, once meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por más de diecinueve años; y el que era consejero de Empleo, José Antonio Viera, a quien han correspondido siete años y un día de prisión y dieciocho años de inhabilitación.Ese convenio dejaba en manos del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, condenado a siete años y once meses de prisión también, la posibilidad de ordenar al IFA el abono de las subvenciones, pese a carecer de «competencia legal» para asignarlas.

La fórmula ideada, alimentada a base de transferencias de financiación y que facilitó la «pronta resolución de los conflictos sociolaborales» de 2000, «que alteraban la paz social de la comunidad», posibilitó eludir a la Intervención General de la Junta de Andalucía, lo que propició «un descontrol absoluto», según aseveran los jueces. En ese escenario, la Audiencia ve «impensable» que los máximos dirigentes del Gobierno autonómico no conocieran la «palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron». «Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta», se refleja en la resolución del ponente, Juan Antonio Calle, en línea con las tesis de Anticorrupción y la representación procesal del PP.

"El crédito no delinque nunca"

A Griñán, quien en la vista oral defendió que «el crédito no delinque nunca», en concreto el tribunal le reprocha que asumiera en su etapa de consejero «la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L –el «fondo de reptiles» de los ERE, al que se sumó el 22E– fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados».

Lo que no se fija en la frondosa resolución judicial es ninguna responsabilidad civil porque el Ministerio Público renunció a éstas al «haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía», la misma que pidió el archivo de esta rama política, «el ejercicio de la acción civil».

Con caras de desaliento desesperanzado, el grueso del resto de investigados salieron de la Audiencia tras conocer el «mazazo», aunque sin que nadie les gritara «chorizos» o «delicuentes», como algunos temían. A los ya señalados se sumó el ex consejero Francisco Vallejo, el viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, quienes tomaron conciencia de que les habían asignado una pena de siete años y un día de prisión y dieciocho de inhabilitación. Tampoco ha podido eludir el término cárcel la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, con seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta durante quince; al igual que el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez.

Como Chaves, Álvarez y Zarrías, cuentan con penas solo de inhabilitación el ex viceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, los ex secretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina; así como el ex director general de IDEA Jacinto Cañete. El ex director general de IFA Miguel Ángel Serrano fue condenado, en cambio, a seis años y medio de prisión y a inhabilitación.

Muy diferente era el rostro del ex interventor general Manuel Gómez, dado que ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y malversación, en contra del criterio de la Fiscalía. Del primero de ellos se ha librado además, el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

Pero el de ayer no será un momento estático. La sentencia no es firme y las defensas recurrirán al Tribunal Supremo (TS), donde ya recaló temporalmente el caso cuando varios de los investigados estaban aforados por sus cargo, que tendrá la última palabra. Es más, ya ayer algunas defensas presentaron escritos solicitando un plazo extraordinario para preparar el recurso. De momento, ayer se impuso el silencio entre los señalados, aunque Guerrero trasladó a LA RAZÓN que estaba «tranquilo» porque ya sabía por fin «el terreno de juego en el que se mueve» y que analizará el fallo.

Las penas

José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por el “caso ERE”, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial y un delito continuado de malversación.

Manuel Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial. A Chaves se le condena por un delito continuado de prevaricación.

El ex consejero Gaspar Zarrías ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por prevaricación en concurso medial y un delito continuado de malversación.

Por su parte, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo es condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La misma pena tiene José Antonio Viera.

Magdalena Álvarez es condenada a 9 años de inhabilitación especial. La ex consejera Carmen Martínez Aguayo, 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días.

El ex viceconsejero Agustín Barberá, 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. El ex vicenconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. José Salgueiro, 9 años de inhabilitación especial. Antonio Vicente Lozano, 9 años de inhabilitación especial.

El ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los epicentros de la trama, es condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Su sucesor, Juan Márquez, a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

El exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado es abuelto de malversación pero condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.

La ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina es condenada a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial y es absuelta de malversación.

El ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez debe afrontar 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y es absuleto de malversación.

Miguel Angel Serrano,ex director general de IFA/IDEA es condenado a 6 años y 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día.

El ex director de IDEA Jacinto Cañete debe afrontar 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial, aunque es absuelto de malvesación.

Sólo quedan libres de todos los cargos el ex interventor Manuel Gómez y el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río.