Sorpresa, estupor e indignación a la vez en gran parte de las carreras fiscal y judicial cuando a primeras horas de ayer se conocía que el Gobierno designará a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Del Ministerio de Justicia a máxima responsable de la Fiscalía sin solución de continuidad, algo que no se veía desde los tiempos de Javier Moscoso, allá por el año 1986, cuando presidía el Gobierno Felipe González. Nadie apostaba por Delgado como sustituta de María José Segarra, a quien, precisamente, fue la que propuso para el cargo que ahora ocupará. Será sucesora de aquella en quien depositó su confianza, algo que también resulta novedoso y causa no poca extrañeza.

Así, fiscales y magistrados del Tribunal Supremo recibieron con algo más que escepticismo esa noticia. Algunos de los consultados por este periódico lo explicitaban con frases como «no parece razonable que quien está desacreditada por su nula gestión como ministra de Justicia sea premiada como fiscal general» o «parece que se pretende maniatar a la Fiscalía en asunto del “procés” como hizo con la Abogacía del Estado».

Pero, a la vez, lanzaban un claro mensaje a Dolores Delgado de que no aceptarán ningún tipo de cortapisa en las que son sus funciones: «Si viene para maniatarnos lo lleva claro» y, en todo caso, «debe saber que es un cargo muy difícil y que no se puede hacer lo que se quiere».

Las asociaciones fiscales y judiciales vinieron a coincidir en la crítica a este relevo al frente de la Fiscalía General del Estado. La reacción de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, no se hizo esperar en una respuesta contundente. Su presidenta, Cristina Dexeus, fue más que dura con la decisión del Ejecutivo de poner al frente del Ministerio Público a quien ha ocupado la cartera de Justicia durante el último mandato de Pedro Sánchez: «Este nombramiento pretender dar traste con la independencia de la Fiscalía y pone de relieve la intención de “marcar” a los fiscales desde el Gobierno». Por ello, añadió en declaraciones a este periódico, «nos disgusta enormemente –la citada designación– por las implicaciones que supuestamente conlleva».

Poco después, la Comisión Ejecutiva de la AF hizo público el posicionamiento oficial de la asociación con el nombramiento de Delgado; un posicionamiento donde se deja claro el «malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad transmitida al colocar en la cúspide de la Carrera Fiscal a una persona que ha sido ministra de Justicia hasta hace pocas horas». Por ello, advierten que velarán por la autonomía de los fiscales «como única manera de evitar que la independencia de la Institución se resquebraje y para que nada ni nadie enturbie el servicio que prestamos a la sociedad».

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales coincidió en la «sorpresa por el nombramiento» y en que éste «no traslada a la ciudadanía la apariencia de autonomía del Ministerio Fiscal». Por ello, sostiene este asociación, «si se atiene a los principios de imparcialidad y legalidad puede ser una buena fiscal general», pero si viene «con misiones políticas se va a equivoca».

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Dolores Delgado antes de hacerse cargo de la cartera de Justicia, fue la única que valoró de forma positiva su llegada para liderar al Ministerio Público, elogiando su «defensa de la autonomía de la Fiscalía como ministra de Justicia». A la vez, valoró su trayectoria de 30 años como fiscal «defendiendo la legalidad, la tutela de las víctimas y los valores de nuestra asociación», además de conocer las «dificultades y preocupaciones» de los fiscales.

«Insólito y lesivo»

Desde el mundo judicial también existió una crítica generalizada, a excepción de Jueces y Juezas para la Democracia. En este sentido, Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación de Fiscales, señaló que, al margen de cualquier valoración personal, «no parece que la propuesta de quien hasta ahora mismo ha ocupado un puesto relevante en el Gobierno de la Nación pueda reforzar los principios de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado».

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda en importancia, fue más allá y calificó de «insólito y lesivo» y que «daña la credibilidad» de la propia Fiscalía General, señaló su portavoz, Jorge Fernández Vaquero.

Por su parte, la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, destacó que Pedro Sánchez ha demostrado «no tener en cuanta la separación de poderes».