El Congreso y la presidencia de El Salvador se enfrentan por la pandemia

(AP). La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el viernes una ley que eliminaría una orden obligatoria emitida a principios de mes por el presidente Nayib Bukele para permanecer en el hogar.

La norma, que también contempla la reapertura gradual de la economía, se aprobó luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el decreto Bukele que regía la cuarentena domiciliar obligatoria, pero dio un plazo de cuatro días para que ejecutivo y congreso emitieran una nueva ley. Sin embargo, debido a los roces entre el legislativo y el ejecutivo, no hay certeza que el mandatario sancione el texto y se podría caer en un vacío legal para combatir la pandemia.

La norma se denomina Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía. Se aprobó con los votos de 58 de los 84 diputados, pero sin el aval del gobierno por falta de consenso sobre el lugar para sesionar y cómo aplicar la disposición de la Corte.

El nuevo decreto elimina la cuarentena domiciliar obligatoria, salvo para portadores del virus o personas llegadas del extranjero, posibilita que los trabajadores vulnerables se queden en casa y deja sin efecto la prohibición para que la población sólo puede salir de casa para comprar comida en función del último número de su documento de identidad. Además, incluye el estado de emergencia por COVID-19 en todo el territorio por 15 días a partir de la vigencia del presente decreto.

Con esta nueva ley también se programa la reapertura de la economía en cuatro fases, iniciando la primera desde el martes 16 de junio y la ultima desde el 18 de agosto en adelante.

La ley permitiría que los trabajadores mayores de sesenta años, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con insuficiencia renal y otros padecimientos puedan quedarse en casa sin que ello les afecte laboralmente.

Aunque el gobierno no respalda esta disposición, también informó un plan de reapertura con empresarios que igualmente arrancaría el 16 de junio y contemplaría cinco fases para que, en 100 días, el país esté abierto por completo.

El abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de la la ONG Acción Ciudadana, dijo a The Associated Press que el plazo que dio la corte para emitir una nueva ley vence el viernes por la noche. Si Bukele no la aprobara, “lo que pasaría es que la ciudadanía no estaría obligada a resguardarse en sus viviendas. Tampoco estarían obligadas las empresas y sectores económicos que hasta esta fecha han tenido que cerrar sus operaciones... No habría ninguna restricción sobre las actividades económicas que puedan o no desarrollar”.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó que para definir los rubros a incluir en cada fase de la apertura han tomado en cuenta el aporte que éstos hacen al Producto Interno Bruto (PIB), la cantidad de empleos generados y el índice de exportaciones, así como el riego de contagio y procesos de movilidad del personal en el interior de las empresas.

“Para pasar de un a fase a otra estamos tomando en cuenta la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atender la pandemia y la velocidad de propagación del virus”, agregó la funcionaria.

La nueva controversia entre el gobierno y los diputados para atender la emergencia sanitaria ocurre en momentos en que el combate a la pandemia de COVID-19 que ya alcanzó la fase tres, que se produce cuando el sistema de salud es insuficiente para la atención de los casos críticos.

El Salvador registra 3.481 casos confirmados, 68 fallecidos y 1.587 recuperados, mientras que hay 1.826 casos activos, entre ellos 128 personas en estado crítico y 195 están graves.