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Tribunal Constitucional

En libertad con cargos el magistrado del TC Fernando Valdés tras ser detenido por violencia de género

Propuesto por el PSOE, fue arrestado la pasada noche en su domicilio de Majadahonda (Madrid) tras haber recibido la Guardia Civil un aviso de un delito de violencia de género sobre su esposa.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Majadahonda (Madrid) ha acordado la libertad de Fernando Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional, quien fue detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la supuesta comisión de un delito de violencia sobre la mujer. La Fiscalía no había solicitado la adopción de ninguna medida cautelar contra Valdés.

La autoridad judicial ha adoptado esta decisión tras valorar el estado de salud y la edad del detenido, teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada del Covid-19 y que, por su condición de magistrado del TC, está aforado ante el Tribunal Supremo, y, porque, además, tras analizar los atestados comprobó que los hechos, en principio, eran “leves”. La cuestión del aforamiento es igualmente determinante, ya que el procedimiento contra un magistrado del Alto Tribunal sólo puede llevarse a cabo ante el Tribunal Supremo, órgano judicial al que la magistrada, remitirá “en breve” todas las actuaciones, según confirmaron a LA RAZON fuentes jurídicas.

Este magistrado fue detenido anoche en su domicilio de Majadahonda (Madrid) tras haber recibido la Guardia Civil un aviso por la presunta comisión de un delito de violencia de género sobre su esposa, según fuentes policiales. Interior, a consultas de este periódico, ha señalado no disponer de datos sobre lo ocurrido. Al parecer, no fue la esposa la que denunció los supuestos hechos sino unos vecinos que escucharon una discusión subida de tono y dieron aviso a la Guardia Civil. Valdés, que fue puesto en libertad con cargos, no hizo valer en ningún momento su condición de magistrado del alto tribunal.

Los hechos ocurrieron, según las citadas fuentes, de la siguiente manera: la detención se produjo a las 21,40 de ayer por las supuestas lesiones infligidas a su esposa, después de que, según las fuentes citadas, habría zarandeado en la terraza de su casa, mientras la víctima gritaba pidiendo auxilio. Los hechos fueron observados por varios testigos que dieron aviso a la Guardia Civil

Alrededor de las 11 de la noche, el magistrado fue trasladado desde el cuartel al Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda), por una insuficiencia respiratoria leve relacionada con una patología previa (fue dado de alta a las 02:30). Volvió al cuartelillo y, esta mañana, ha sido puesto a disposición judicial.

A primeras horas de la tarde de hoy, tras prestar declaración, a petición propia, se ha dictado un Auto por el que se acordó su puesta en libertad sin fianza , con la obligación de comparecer ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Majadahonda, o el órgano judicial competente que en su día conozca la causa, los días que se le cite o indique.

Fuentes jurídicas reconocieron su extrañeza por el hecho de que no se haya comunicado su detención al presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, ya que es habitual que cuando un magistrado es detenido esto le sea comunicado al presidente de la institución en la que trabaja. En todo caso, esta detención, según precisan fuentes próximas al TC, no significa que Valdés tenga que dimitir ya que la pérdida de la condición de magistrado se da cuando existe una sentencia por delito doloso.

El juez fue puesto a disposición de un Juzgado de Violencia de Género y ha quedado en libertad a petición de la Fiscalía. Según la normativa vigente para los aforados, su detención sólo se pudo producir al haber sido sorprendido en delito flagrante, es decir, en el momento de cometerlo.

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y magistrado del Constitucional, Valdés, de 75 años, llegó al Constitucional en 2012 a propuesta del PSOE.

Se da la circunstancia de que Fernando Valdés es uno de los cuatro magistrados cuyo mandato ha concluido y está pendiente de renovación, además de ser el ponente del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por PSOE y otros grupos contra la reforma del Código Penal que estableció la Prisión Permanente Revisable.