Barcelona reserva 32 millones de euros para devolver multas si el TS anula la zona de bajas emisiones

La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona enfrenta desafíos legales y controversias. Mientras varios ayuntamientos de la región metropolitana de Barcelona han presentado un plan alternativo para implementar la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Jaume Collboni ha reservado casi 32 millones de euros para potencialmente reembolsar multas emitidas desde enero de 2020, cuando la Zona de Bajas Emisiones entró en vigor.

El Ayuntamiento de Barcelona anticipa una posible sentencia del Tribunal Supremo que podría derogar la ordenanza de circulación durante el horario laboral para vehículos de mayor antigüedad. El Supremo está considerando la anulación de los 95 kilómetros de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Desde hace más de un año y medio, se esperan decisiones judiciales sobre recursos presentados por el gobierno anterior, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que invalidaron previamente la Zona de Bajas Emisiones. Los magistrados argumentaron que faltaban informes justificativos de las restricciones de vehículos y señalaron "vicios sustanciales". Ante esta incertidumbre, el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona calcula un impacto económico de casi 32 millones de euros en las finanzas municipales si el Tribunal Supremo dictamina en contra de la Zona de Bajas Emisiones. La entidad califica este escenario como un "riesgo probable."

Para evitar un enfrentamiento con los tribunales, nueve ciudades del Área Metropolitana de Barcelona han presentado un plan de Zona de Bajas Emisiones más flexible que el de Barcelona, aunque esto va en contra de la opinión del Gobierno de la Generalitat. Según este plan, a partir de 2025, los barrios del centro restringirán la entrada a vehículos que no cumplan con ciertos requisitos de emisiones. Las ciudades de la región prevén aprobar sus respectivas ordenanzas municipales para regular estas Zonas entre el segundo semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024. La legislación estatal exige que las ciudades españolas con más de 50,000 habitantes tengan una Zona de Bajas Emisiones antes de 2024, aunque las sanciones (aún no definidas) no se aplicarán hasta finales de 2025 o principios de 2026, según el Área Metropolitana.