Los ingenieros polemizan por la normativa sísmica

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCPIC) ha celebrado una nueva edición del ciclo Caminos en el Debate para abordar “Nuestra seguridad frente a terremotos. La nueva norma sísmica a debate”. En esta jornada, especialistas de distintos sectores han analizado la nueva norma sísmica (NCSR‑23) desde el punto de vista de la seguridad de nuestros edificios e infraestructuras. La nueva norma ha sido aprobada en España hace un mes y se encuentra actualmente en el trámite europeo de información pública a sólo un paso de su aprobación por el Consejo de Ministros.

Existe una división profunda y muchos aspectos que afectan a la seguridad de las personas y las infraestructuras están en entredicho. Por ello, ingenieros de caminos del ámbito académico y diversas asociaciones profesionales han reclamado que se paralice la tramitación de la nueva norma sísmica, que consideran insegura, y se adopten directamente los Eurocódigos.

Con un posicionamiento muy diferente, participaron los ingenieros de caminos que han elaborado la norma, afirmando que es segura y apta para aplicar en España y que no hay posibilidad de adoptar a corto plazo a los Eurocódigos.

Ante estas discrepancias de gran calado, el presidente de Asociación Caminos, y presidente de la Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros ha mostrado su inquietud y ha asegurado que “le preocupa que no haya unanimidad en lo relativo a la seguridad de las construcciones”. Trigueros también solicitó a la Administración “que garantice la seguridad y que escuche a los expertos técnicos cuando afirman que la norma no es segura para tomar medidas antes de llevarla a Consejo de Ministros”.

El evento comenzó exponiendo el estado de esta normativa en España, indicándose que ha sido redactada mediante la transcripción parcial del Eurocódigo 8, cambiando o anulando las más de cuatrocientas referencias al resto de Eurocódigos que aparecen en él. El debate se inició con el análisis de la seguridad de los puentes y edificios como consecuencia de este cambio de referencias técnicas.

Luis Cabañas, representante del Instituto Geográfico Nacional y Secretario de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, afirmó que “todos los cambios de referencias se comprobaron”. En este sentido, Álvaro Serrano, director del Estudio de Ingeniería MC2, recordó que “los Eurocódigos funcionan como un todo completo y alterarlos supone una falta de coherencia”. José Estaire, Dr. Ingeniero de Caminos por la UPM, se mostró de acuerdo con esta afirmación y recordó que “el sistema de referencias es una cuestión troncal y su alteración no es una cuestión baladí”. Amadeo Benavent, catedrático de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid, destacó que “este cambio de referencias afecta muy negativamente a la seguridad y que referencia que se ha alterado es una fuente de inseguridad y hace la norma temeraria”.

Miguel Ángel Bermúdez, subdirector general de Normativa y Estudios Técnicos del MITMA, comentó que “hemos cambiado las referencias para cumplir con un criterio lógico que es el marco normativo estable reglamentario en España”. Señaló también que la nueva normativa recoge el Eurocódigo 8.

En este aspecto Amadeo Benavent apuntó que “la nueva normativa no recoge los avances que han tenido lugar en los últimos 20 años en ingeniería sísmica, que permiten mejorar el comportamiento de las estructuras en caso de terremotos” y reclama que “España adopte directamente los Eurocódigos para que tengamos una normativa segura y coherente”, así “cuando llegue la nueva generación de Eurocódigos en dos o tres años la adaptación será muy sencilla”.

Luis Cabañas afirmó que “la NCSR-23 está basada íntegramente en el Eurocodigo 8” y destacó que “si la Comisión Europea ha aprobado la norma no tiene por qué ser insegura y añadió que hasta ahora no se ha demostrado que las construcciones sean inseguras”. Respecto a la seguridad, Miguel Ángel afirmó que “la nueva norma es incluso más segura que el Eurocódigo 8” por aspectos relativos a los materiales.

Para Álvaro Serrano, en el momento en que se cambian las referencias entre los Eurocódigos, se altera la seguridad de las construcciones. Esta afirmación ha sido apoyada por José Estaire que ha destacado que uno de los cambios de referencias afecta a la geotecnia y las cimentaciones, quedando comprometida la seguridad de las mismas.

Otro de los motivos por los que pide la adopción directa de los Eurocódigos es para ir en la misma dirección que el resto de Europa, e incluso de otros países del mundo, mejorando la competitividad de las empresas españolas en el exterior. En su intervención telemática, José Luis Sánchez, director del Departamento de Estructuras de TYPSA, destacó que “Las empresas de ingeniería españolas dependen en muy gran medida de la exportación de servicios profesionales. Disponer de una normativa de ámbito internacional supone una ventaja competitiva e incluso para las empresas pequeñas se abre la oportunidad de colaborar en grandes contratos”.

El debate contó con la aportación del jurista Leandro Martinez-Cardós, letrado mayor del Consejo de Estado, quien aclaró que “La regulación sismorresistente tiene carácter estrictamente técnico y no existe, en principio, obstáculo jurídico para que el reglamento español que apruebe la norma sísmica remita íntegramente al Eurocódigo 8”.

Miguel Ángel Bermúdez comentó que en toda Europa nadie hace reglamentarios los Eurocódigos salvo Grecia y Portugal, aunque Álvaro Serrano desmintió esta afirmación. Además, Serrano añadió que “no es razonable que en España tengamos una ensalada normativa para las estructuras que vienen heredadas de normas de hace 20 años junto con normas más actuales que tratan de acercarse a los Eurocódigos”. Además, afirmó que “actualmente toda Europa está utilizando los Eurocódigos completos y España debería hacer lo mismo”.

Amadeo Benavent señaló que “la seguridad de las construcciones no puede depender de cómo están distribuidas las competencias en la Administración”.

En el debate se mostró el caso de Portugal y Grecia, dos países con importante actividad sísmica y con un sistema reglamentario similar al español. En ambos países se han implantado ya los Eurocódigos por vía reglamentaria. En este sentido, la Catedrática del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Lisboa, Rita Bento, destacó que ”la aplicación de los Eurocódigos es obligatoria en Portugal desde el año 2019”. Rita Bento señaló también que este paso “fue posible en Portugal solo cuando personas con buen criterio llegaron a los puestos adecuados”. Para Luis Cabañas, la situación aplicada por Portugal “es ideal pero considera que en España no se puede aplicar a corto plazo”. Esta afirmación fue rebatida por Amadeo Benavent, que insistió en que “si hubiera voluntad, en un tiempo razonable España podría ponerse en la misma línea que el resto de Europa”.

Por otra parte, Telemachos Panagiotakos, Director de DENCO Structural Engineering Consulting en Atenas indicó que “en 2014 se emitió en Grecia un decreto gubernamental que permitía la aplicación de los Eurocódigos como alternativa a los reglamentos pre-existentes”. Apuntó también que “hoy en día, en Grecia, los Eurocódigos se aplican prácticamente en todas las obras. Para ello fue importante el reconocimiento por parte de los ingenieros griegos de los beneficios derivados de su uso, como las oportunidades de expansión y el aumento de su competitividad”.

Álvaro Serrano afirmó que España “está perdiendo la oportunidad de ir alineada con el resto de Europa y nos estamos cerrando la puerta a poder actualizar la normativa de forma ágil”.

Según José Estaire, “el método de redacción de la norma es ineficiente e inadecuado y lo que hay que hacer es pararla y repensar todo esto”. Álvaro Serrano concluyó diciendo que “no se pueden seguir proyectando estructuras con una norma que tiene su origen en el siglo pasado”. Amadeo Benavent destacó que “la norma es insegura e incoherente y no debería llevarse al consejo de ministros porque sería una irresponsabilidad”.

Por otra parte, Luis cabañas, comentó que, en caso de paralizarse la NCSR‑23, España se quedaría con la normativa anterior, la NSCE‑02, que está obsoleta.