El negocio de la okupación: las redes sociales como plataforma de oferta

En un fenómeno cada vez más notorio, el negocio de la okupación ilegal de viviendas ha encontrado un nuevo terreno de juego: las redes sociales. Ofertas como "Piso 3 habitaciones al lado del metro de Usera con el agua y la luz", "Casa baja tipo lof lo que ves en el vídeo sin alarma en Leganés", o "Pisos del banco para hoy mismo, con DNI o sin DNI" inundan plataformas como TikTok, atrayendo a posibles ocupantes con propiedades que oscilan entre los 1.200 y 1.600 euros.

Este delito, según el abogado Luis García Botella de GBA Label Abogados, se ha profesionalizado, generando un aumento notable en los intentos de okupación de propiedades bancarias, de inversión o empresariales.

Con cientos de viviendas siendo ocupadas gracias a estas ofertas en redes sociales, los anuncios, aunque plagados de faltas de ortografía, incluyen detalles sobre la zona, el precio y la disponibilidad de servicios como agua y luz. La cantidad de dinero desembolsado depende de si la okupación se realiza con DNI o no, siendo una inversión de riesgo para el inquilino que, a cambio, puede residir ilegalmente en la propiedad durante meses o incluso años, con acceso gratuito a servicios básicos.

El modus operandi de este lucrativo negocio implica que, una vez se oferta la vivienda, el interesado se comunica en privado con el ofertante, quien contacta a un cerrajero para cambiar la cerradura y facilitar la entrada sin forzarla. La okupación con DNI implica un coste mayor. Si el legítimo propietario denuncia la okupación, la Policía solo puede tomar la filiación de los ocupantes para incorporarla a un procedimiento judicial prolongado, permitiéndoles vivir en la propiedad durante meses.

En ocasiones, los ofertantes garantizan la "reposición" en caso de que el negocio fracase. La Policía solo puede desalojarlos si los sorprende in fraganti y están indocumentados, un proceso más lento que en allanamientos a propiedades particulares. García Botella destaca las dificultades que enfrentan los propietarios para cortar suministros como agua y luz, ya que hacerlo podría resultar en denuncias por coacciones, especialmente si hay personas vulnerables en el domicilio.